Las empresas, que según sus registros de Cámara y Comercio tampoco cuentan con el músculo financiero para la ejecución de las obras, son Luket SAS (con un contrato por 11.278’744.908 pesos), Romart del Llano (11.247’730.944 pesos), Distribuidora Remen CMT SAS  (10.224’270.132 pesos), Sama Distribuidora y Comercializadora SAS  (10.162’242.204 pesos) y JT Soluciones Integrales (9.924’468.480 pesos), informó Red+ Noticias.

El medio revisó la naturaleza de esas empresas y halló que ninguna es especialista en construcción de obras civiles o instalación de servicios públicos, necesarios para el alojamiento de guerrilleros. “Los certificados de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Pasto y Villavicencio dicen que los contratistas desarrollan actividades que van desde el comercio de animales vivos, hasta la venta de artículos de ferretería, pasando por la comercialización de alimentos”, agrega.

Y remarca que el objeto de sus contratos apunta a otra cosa: “Se adelantará la ejecución de las siguientes actividades preliminares y prioritarias: Adecuación del terreno para la construcción de los alojamientos temporales. Construcción de zonas comunes (salud, recepción, administración, logística, almacén y bodega. Cocina. Comedor, aulas, área de esparcimiento, alojamiento, área de combustible) e instalación de servicios esenciales: agua, saneamiento básico y energía”.

Otro detalle que llamó la atención de Red+ Noticias es que en la cláusula tercera de todos los contratos hay una franja blanca “que oculta parte de la información, justo en el espacio donde especifican detalles del pago convenido y las cotizaciones”. El informativo consultó expertos que calificaron de “insólito” el ocultamiento de parte de los datos y que encuentran el hecho indicios de irregularidades.

Los contratos los firmó, el 14 de diciembre pasado, María Inés Restrepo, directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), que insistió, según Red+ Noticias, en que los proveedores han dado resultados y que “técnicamente cuentan con experiencia en la prestación de servicio y entrega de suministros para la atención de emergencias, y tienen cobertura a nivel nacional”.

El informativo encontró, así mismo, que los contratos son el resultado de un convenio interadministrativo entre Fondo Paz y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y recuerda que “las zonas de concentración no son producto de una emergencia o tragedia natural, sino de un acuerdo político”, pese a lo cual Fondo Paz les dio visto bueno a los proveedores expertos en situaciones humanitarias, “y los contrató en menos de 24 horas”.

Responde el Gobierno

Sobre este tema, Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia, explicó en rueda de prensa que hay solamente dos entidades del Estado colombiano que tienen capacidades logísticas para poder emprender un proyecto de estas dimensiones: la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Ungrd.

“Por razones obvias, no se podía utilizar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, inclusive porque se había acordado que las Fuerzas Militares no fueron parte de la implementación de esta parte del acuerdo y por lo tanto se decidió que quien debía iniciar este proyecto complejísimo de construir 26 zonas en las zonas, en las áreas más apartadas del país, en selvas, en pantanos, en desiertos, en páramos, en montañas era la Ungrd”, aseguró.

“Fondo Paz, que es un fondo adscrito a la Presidencia de la República, que responde a las instrucciones del Alto Comisionado de Paz y que tiene una delegación de gasto por parte del Departamento Administrativo de Presidencia, tiene un régimen de contratación privada. Ese fondo ha existido ya casi por 20 años, y ha sido administrado durante 20 años por la misma persona: María Inés Restrepo”, agregó.

Explico que los plazos fueron cortos porque se estaba claramente frente a una urgencia manifiesta. “Recordemos que los acuerdos traían unos plazos muy estrechos para la concentración de las Farc en las zonas. Esto no quiere decir que no se hubiera dado, por supuesto, una planeación previa. Todo este ejercicio contractual se venía planeando, a lo menos, desde agosto de 2016”.

“O sea que no hay absolutamente nada irregular, nada sospechoso en que se dé una contratación en estos tiempos, porque hay evidentemente una razón de Estado, una razón de urgencia manifiesta, para proceder a la velocidad que se ha procedido”, concluyó Vélez.

LO ÚLTIMO