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Desde Medellín, la Fiscalía General de la Nación, al frente de Francisco Barbosa, anunció la imputación a 7 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y 6 particulares por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre 2020 y 2023, periodo de Daniel Quintero.
El fiscal Barbosa, que habló de supuestas aspiraciones presidenciales, dijo que las presuntas anomalías en los contratos superan los $ 67.586 millones. “Hablamos de una determinación de la Fiscalía que involucra presuntos actos de corrupción” por ese monto. Los contratos están relacionados con: alimentación, infraestructura y asistencia logística.
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Francisco Barbosa explicó que los seis contratos están clasificados en cuatro componentes: zonas verdes, mantenimiento del Parque de Aguas, logística y atención a primera infancia.
Imputación de la Fiscalía a exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín
El primer contrato del que habló Barbosa fue uno suscrito en octubre de 2020 con Metroparques por $ 5.250 millones para manejo de zonas verdes en Medellín. Se constató que “Metroparques, a través de invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar”.
Por esto, se imputarán delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida a la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego, al exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano, y a la contratista Luz Eliana Henao.
El segundo contrato tiene que ver con anomalías en 3 contratos celebrados para el mantenimiento del Parque de las Aguas entre el Área Metropolitana (AMVA) y Metroparques, suscritos en mayo de 2020 y 2021. Tuvieron un valor de $ 17.439 millones.
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Según la Fiscalía, Metroparques subcontrató con tres empresas creadas entre 2020 y 2021. Una de ellas, se dedicaba a la comercialización de telas. Liévano, el representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Álvaro Alonso Villada, María Eugenia Castañeda, ambos exgerentes de Metroparques, y los contratistas serán imputados.
El tercer tema, y cuarto contrato, tiene que ver con el de apoyo logístico. En septiembre de 2020, Metroparques suscribió un contrato para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física.
El contrato, celebrado en septiembre de 2020, tenía un plazo de ejecución de dos meses. Tuvo 3 adiciones presupuestales que incrementaron su valor a $ 24.205 millones. Además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022.
La Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés debido a la exdirectora del Inder Diana Pola Toro Zuleta, a Liévano y el representante legal de la empresa contratante, Mauricio Jaramillo Botero.
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Por último, están los sobrecostos de dos contratos de paquetes alimenticios en el programa de Buen Comienzo. La exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo había sido imputada.
En este caso, la Fiscalía relató que en marzo de 2020 la Secretaría de Educación contrató con Colombia Avanza por $20.692 millones para atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes de Buen Comienzo.
Según Barbosa, habría habido “pagos a personas sin relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado los servicios. Nunca los cumplieron”. Se habría presentado un detrimento patrimonial de $ 1.418 millones.
Por lo anterior, la Fiscalía, que dejó libre a 24 personas que capturó por extorisión, imputará por peculado por apropiación a la exsecretaría de Educación, Marta Alexandra Ruiz, a la exdirectora técnica de Buen Comienzo Lina María Gil Zapata y al contratista Henry Gómez Montoya.
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