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Ronald Rodríguez Rozo, quien fue subdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), permanecerá privado de su libertad en un centro carcelario. Esa fue la decisión que tomó un juez de Garantías, luego de aceptar la solicitud de la Fiscalía, la cual lo investiga por presuntamente poner vehículos de protección a disposición de la criminalidad organizada, al punto de traficar con estupefacientes.
(En contexto: Exsubdirector de la UNP habría entregado carros oficiales para transportar droga)
Según el juez 13 de Control de Garantías de Bogotá, hay suficientes indicios para considerar que Rodríguez Rozo podría ser un peligro para la sociedad y puede ser capaz de cometer delitos. Luego de escuchar a la Fiscalía, a la defensa del subdirector y a la Procuraduría, el juez determinó que el investigado no solo merece estar privado de su libertad, sino que debe hacerlo en un centro carcelario bajo custodia del Inpec.
El exsubdirector de la UNP fue imputado la semana pasada por, presuntamente, hacer parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, de la que también hacía parte el contratista Manuel Castañeda. Se trata del chofer que fue capturado en diciembre de 2022 en Caloto, Cauca, conduciendo precisamente uno de los vehículos del esquema de seguridad de Rodríguez Rozo, porque en su interior transportaba más de 150 kilos de cocaína.
La organización delincuencial, según la Fiscalía, adquiría la droga en los departamentos de Caquetá, Huila y Valle del Cauca, donde era transportada a traficantes ubicados en Bolívar, Antioquia, Meta y a municipios del departamento del Valle. En este contexto, la investigación de la Fiscalía revela que el exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección se aprovechó de su alto cargo en la entidad, el cual desempeñó desde el primero de octubre de 2018 hasta el 1 de septiembre de 2022, para que los vehículos institucionales fueran usados para transportar cocaína y marihuana.
(Entrevista: Estamos obligados a arrendar vehículos obsoletos: director de la UNP)
En al menos cuatro oportunidades, señaló la Fiscalía, Rodríguez Rozo habría entregado los vehículos a miembros de la organización, entre ellos a Manuel Castañeda. “Para realizar estas conductas dentro de la organización criminal le correspondía a usted, señor Ronald Rodríguez Rozo, aportar el medio de transporte, el cual lo realizaba aprovechando su condición de funcionario público de la UNP. Igualmente, se tiene que usted tenía la plena disponibilidad del parque automotor por su cargo”, explicó la Fiscalía durante la audiencia.
Sin embargo, el abogado Iván Cancino, defensor del exsubdirector, señaló en audiencia que no hay una sola prueba que pueda demostrar la versión de la Fiscalía. “No hay prueba del estupefaciente. La Fiscalía no individualizó la camioneta. No hay número de placa. Capturan para investigar y no investigar para capturar ¿Dónde está el peligro o la proyección futura (de capacidad de delinquir)”, explicó el abogado Cancino?
La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en imputarlo por una serie de eventos en los que se evidenciaría la corrupción de Rodríguez Rozo. El primero de ellos habría ocurrido en diciembre de 2022, cuando las autoridades capturaron a Manuel Castañeda en el departamento de Cauca, al encontrar 168 kilos de cocaína empacados dentro del vehículo en el que se transportaba. Este carro pertenecía, según el ente acusador, al esquema de seguridad del exsubdirector.
La Fiscalía también lo investiga porque en agosto de 2022 habría coordinado que una camioneta de la UNP acompañara el traslado de una tonelada de marihuana que era transportada en un camión con destino a Florencia, Caquetá. Y también porque el 6 de julio de 2022 habría coordinado con Manuel Castañeda, a través de una conversación con WhatsApp, la entrega de un vehículo blindado para el transporte de 250 kilos de cocaína. La droga fue recogida en el municipio de la Plata, Huila, y fue transportada finalmente a Villavicencio.
Entre los eventos más llamativos está, además, que Ronald Rodríguez presuntamente le alquiló ilegalmente camionetas de la entidad al cantante Felipe Peláez. Los hechos ocurrieron, según el ente acusador, en mayo de 2023, cuando el cantante fue recogido en el aeropuerto Internacional de Bogotá y llevado a Tunja, Boyacá. Por estos hechos al parecer cobró $ 600.000. En otro hecho similar, el cantante fue transportado de Bogotá al departamento del Tolima, por un costo de $ 900.000.
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