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Pasadas 24 horas desde que la Fiscalía anunció que formulará cargos a directivos de Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la red de corrupción y sobornos que montó la multinacional en Colombia y otras partes del continente, este viernes se conoció un comunicado de la defensa de los implicados, quienes ratificaron que han colaborado con la justicia, pero reprocharon la determinación de imputarles cargos.
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La comunicación es firmada por los abogados Vicente Gaviria, apoderado judicial de exfuncionarios y colaboradores brasileños, así como por Jaime Granados, quien asumió la defensa de colaboradores brasileños y colombianos. En ella, declararon que “el componente corporativo de Odebrecht y sus antiguos funcionarios, hoy colaboradores”, ratifican “su voluntad inequívoca” de seguir colaborando con el establecimiento de la verdad, facilitando el accionar de la justicia y propendiendo por la reparación de los perjuicios.
“Odebrecht y sus (ex) integrantes reiteran que han venido colaborando desde diciembre de 2016 con la administración de justicia de Colombia, así como con las autoridades de otras jurisdicciones, entre ellas, las de Brasil y de Estados Unidos, con el ánimo de que se sepa la verdad y que esta posibilite la acción de la justicia y la reparación de daños”, explicaron los abogados.
En esa línea, defendieron que, por cuenta de esa colaboración, se han aportado “pruebas, testimonios y el pago de una multimillonaria indemnización al Estado colombiano”, lo que en su momento fue “valorado positivamente” por la Fiscalía, que otorgó un principio de oportunidad pleno a varios exfuncionarios de la empresa.
“El espíritu y compromiso de colaboración ha persistido y por ello desde agosto de 2019, a través de una amplia ‘Matriz de Colaboración’ entregada al ente acusador, amparados por los protocolos del mecanismo de cooperación judicial, se han aportado elementos materiales probatorios en varias jurisdicciones además de la colombiana, entre ellas Brasil, los cuales han permitido hacer claridad sobre materias de interés investigativo”, aseguraron los apoderados judiciales.
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Sin embargo, hicieron visible su molestia y sorpresa por la determinación de la Fiscalía al hacer la imputación y no mencionar la colaboración “que por espacio de 7 años se ha venido materializando”. Por ello, advirtieron que se podría estar mandando un mensaje “para que cesen las colaboraciones con la justicia colombiana”
“Aunque la opinión pública bien puede comprender que es parte de las competencias constitucionales de la Fiscalía formular imputaciones a ciudadanos nacionales y/o extranjeros cuando concurran los presupuestos legales, la decisión del ente acusador de imputar cargos penales, incluso a quienes previamente otorgó un principio de oportunidad, es una determinación que a nuestro juicio y el de nuestros representados se traduce en un mensaje para que cesen las colaboraciones con la justicia colombiana, y, por esa vía se impida al país el conocimiento pleno de la verdad”, agregaron.
Este jueves, la Fiscalía informó que formulará cargos a directivos de la multinacional, entre ellos, el presidente del Conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira. Serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
El organismo determinó que el entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80 mil millones de pesos en sobornos en Colombia. Por ello, citó a imputación 22 personas más por ser presuntamente intervinientes en los hechos de corrupción. Entre los llamados hay directivos de la empresa, lobistas, contratistas y particulares.
“La empresa habría creado un departamento de operaciones estructuradas, desde donde se pagaron dádivas para la consecución de mega contratos, modificaciones a las cláusulas contractuales, intervención de subcontratistas y la desviación de presupuestos públicos”, informó el ente.
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