Pero el Consejo de Estado, este miércoles, anuló de forma defintiva el proceso disciplinario que Alejandro Ordóñez (en ese momento Procurador General) abrió contra Gustavo Petro.

Además, el tribunal ordenó que le paguen a Petro los salarios que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo fuera de su cargo.

Esta decisión fue tomada con base en unas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que los órganos de control no pueden destituir a personas que ocupen cargos de elección popular.

Por esa razón, el Consejo de Estado le está pidiendo al Gobierno y al Congreso que dentro de máximo dos años hagan los ajustes para que las leyes colombianas incorporen lo que dijo la CIDH.

Petro calificó la decisión como un “triunfo de la justicia y de la ciudadanía bogotana que se movilizó”.

El exprocurador Alejandro Ordóñez, en respuesta al fallo del Consejo de Estado, dijo que ahora “queda abierta la puerta para que miles de corruptos regresen a la vida política”.

El Ministerio Público, cabe recordarlo, había sancionado, en diciembre de 2013, a Petro por el cambio en el esquema de basuras.

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A partir de ese momento, el entonces alcalde empezó una especie de batalla por regresar a su cargo y, además, recuperar el derecho a presentarse a cargos públicos.

Pero ahora, con la decisión del Consejo de Estado, se despeja el camino para que Petro sí pueda ser candidato presidencial.

Además, se trata de la segunda buena noticia que el exalcalde recibe en menos de una semana.

El pasado 7 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de forma provisional una millonaria sanción que la Contraloría de Bogotá le había puesto a Petro.

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