El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
A 10 años y seis meses de prisión fueron condenados los coroneles en retiro Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela por el delito de constreñimiento a la prostitución, por estar vinculados con una red de prostitución homosexual en el interior de la Policía Nacional, conocida mediáticamente como “la Comunidad del Anillo”. Este escándalo estalló en 2016.
La investigación reveló que entre 2005 y 2006, Castellanos Soto, quien para esa época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República, frecuentó la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, con el propósito de contactar jóvenes, ganarse su confianza con regalos e invitaciones a salir, para después inducirlos a ejercer actividades.
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En total, la Fiscalía identificó los casos de cinco alféreces que, en medio de presiones y amenazas de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con Castellanos Soto. De otra parte, el entonces mayor Torres Orjuela, en su condición de jefe de sección de la General Santander, ejercía mando sobre los alumnos. Esta posición la usó para coaccionar e intimidar a las víctimas, y facilitar su salida de las instalaciones de la escuela para que aceptaran los encuentros con el coronel Castellanos Soto.
Justo cuando salió el escándalo de “La Comunidad” la entonces directora de La F.M Vicky Dávila denunció la existencia de seguimientos e interceptaciones ilegales en su contra y el equipo periodístico que adelantaba las investigaciones frente a este caso y otros hechos de corrupción en la Policía Nacional.
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Inmediatamente, el entonces fiscal General, Eduardo Montealegre anunció la apertura de una investigación formal. Los dedos acusatorios se dirigieron directamente en contra del director de la Institución, general (r) Rodolfo Palomino y otros altos oficiales que se habrían visto afectados con los informes periodísticos. Precisamente sobre el entonces general Palomino la Procuraduría determinó archivar la investigación.
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