El insulto es una forma de violencia que usan los canallas, y más opiniones

Lo que analistas, críticos y observadores ven de la realidad del país. Su contexto y sus argumentos, léalos aquí.

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El insulto es una forma de violencia

La poeta y escritora Piedad Bonnet advierte, en su columna de El Espectador, que las redes sociales han traído consigo una cantidad inusitada de “canallas” que se ocultan en el anonimato de internet para proferir todo clase de agresiones verbales.

“Sorprende también que haya quien se atreva a defender el insulto, esa forma de descalificar, ofender y humillar a alguien. Es verdad que, como las llamadas “malas palabras”, el insulto es un recurso del idioma; pero mucho va de un “bobo” gritado a tiempo al motociclista que nos cierra, a espetarle “descerebrado” a aquel que opina distinto, “maricón” al homosexual, o “violador” a quien no lo es, pues esto ya no sólo es insulto sino calumnia”.

Una mafia de magistrados quería tomarse la JEP

María Jimena Duzán le pide ha pedido, desde su columna de Semana, al Comité de Escogencia de magistrados para la Justicia Especial para la Paz (JEP) que demuestre cuál es su voluntad de transparencia en este proceso, porque ya hay alertas de que,  si no hubiera sido por que explotó el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, “la mafia de la Justicia de Bustos, de Malo, de Tarquino y los demás etcéteras estaría frotándose las manos”.

“Me uno a la petición respetuosa que hace Dejusticia en la carta que le envió la semana pasada al Comité de Escogencia. En esa misiva, invita a sus miembros a que antes de continuar con el proceso le informen a la sociedad sobre los criterios usados en el proceso de preselección y selección de los nuevos magistrados, y a que le cuenten a la opinión cuales son las relaciones laborales, personales o familiares de los miembros del Comité de Escogencia con las eventuales personas preseleccionadas”.

Que les den ‘casa estudio’ como castigo a las Farc

Daniel Samper afirma desde su columna de Semana que intentó, falsamente, sustraerse de las noticias de la semana tratando de ver ‘Protagonistas’ de RCN pero no aguantó ni 15 minutos. “Es la versión más mala de la historia”.

“Un tumulto de modelos con extensiones y de camajanes de gimnasio insulsos y monótonos; una montonera de desconocidos lánguidos y aburridos. Era como observar a los 27 precandidatos”.

Y entonces propone la siguiente:

“Permitir el ingreso a la Casa Estudio de algunos excombatientes de las Farc. Sería una manera de integrarlos y de sancionarlos al mismo tiempo, y a la vez de mejorar el nivel de pornomiseria del programa”.

¿Sanción social o agresión solapada?

Esa es la pregunta que formula el editorial de El Espectador este domingo cuando aborda la campaña promovida en las redes sociales por el senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya y que busca imponer un “sanción social” a los excombatientes de las Farc.

“Que les dé pánico de salir a la calle porque los colombianos los aborrecemos”, dice el senador uribista.

Pero El Espectador cuestiona la campaña con este argumento:

“Una sanción como la que promueve el senador, que lo único que pretende es excluir, no sólo es inútil sino que representa una agresión inaceptable. Iniciar una campaña para que los desmovilizados sientan “pánico” de salir a la calle, ¿qué logra, más allá de seguir alimentando la rabia de la gente y excluir a personas que están en un proceso de reinserción que los hace vulnerables?”

Reformar el reglamento del Congreso, una salida para juzgar jueces corruptos

Esa es la propuesta de Rodrigo Uprimny para reemplazar la cuestionada y paquidérmica Comisión de Acusaciones, lugar en donde duermen o mueren los casos más sonados contra magistrados, congresistas y expresidentes de la República, afirma en su columna de El Espectador.

“Propongo entonces otra vía: modificar la Ley 5 o Reglamento del Congreso para crear, por reforma legal ordinaria, y no por reforma constitucional, una comisión de aforados que reemplazaría en lo fundamental a la comisión de acusaciones. Esta comisión estaría integrada por comisionados independientes, elegidos por mérito, podría ser por universidades; se encargaría de tramitar las denuncias contra altos funcionarios y presentaría directamente a la plenaria de la Cámara un informe público y sustentado de aquellos casos en donde encuentre mérito para acusar. La Cámara decidiría en pleno si acusa o no a ese alto funcionario ante el Senado”.

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