El Movistar Arena es uno de los principales escenarios musicales de la ciudad y, de paso, ejemplo de un proceso de renovación urbana a través de alianzas con el sector privado. Sin embargo, la Contraloría Distrital tiene su lupa puesta en el contrato de operación, en el que encontró un desbalance que favorece al operador y que podría representar un detrimento patrimonial para el Distrito cercano a los $ 11.000 millones.

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Para entender la alerta del ente de control es clave recordar que la construcción del escenario es producto de una alianza público-privada que se impulsó desde 2012, se aprobó en el año 2015, cuando adjudicaron el contrato a la empresa Colombiana de Escenarios (CDE), y el escenario se inauguró en 2018.

El negocio consistía en que los privados invertían sus recursos en la obra a cambio de poder operarlo durante 25 años, tiempo después del cual el privado deberá devolver el inmueble. Para fijar ese tiempo se hicieron proyecciones de ingresos que cubrirían la inversión del operador, sacaba ganancias y le pagaba otra parte al Distrito.

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No obstante, para el ente de control, las cuentas no se hicieron bien y hoy el Distrito no se está beneficiando del éxito que ha representado la explotación comercial del escenario. Por eso asegura que el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), responsable del escenario, no ha ejercido debido control sobre el convenio, en especial en lo relacionado con la explotación comercial de los espacios internos y externos del recinto.

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