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Desde el Consejo de Estado, el tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, se puso fin a la disputa que se adelantaba desde el 2012 con respecto a uno de los contratos que se firmó en la administración del actual presidente Gustavo Petro en su paso por la Alcaldía de Bogotá.
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El acuerdo en cuestión definía el pago de 4.357 millones de pesos, provenientes del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, a la compañía Northbound Technologies S. A. para adquirir 100 motos eléctricas que se dejarían a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá en el periodo 2012-2015.
Sin embargo, el máximo tribunal expuso a través de un fallo que existieron presuntas irregularidades en la forma de selección del proveedor:
“Se fundamentó en haberse permitido el procedimiento de selección del contratista, el cual, según la propia entidad demandante, debió haber sido por licitación pública, así como en la nulidad del acto previo que justificó la contratación directa, con una motivación falsa, consistente en que solo existía un único proveedor”, se lee en el escrito.
Con este material probatorio el Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2020, ratificando que “sí hubo vicios de procedimiento en la celebración del contrato”.
Conforme con los argumentos expuestos y los documentos adjuntados, la cotización presentada por Northbound Technologies S. A. al Fondo de Vigilancia de Bogotá tuvo un trato preferente y se anticipó al resto de propuestas debido a que “habían conocido la intención de adquirir las motocicletas por los medios de comunicación”.
Inusual salvedad que se sumó a lo que el tribunal denominó como una “extremada coincidencia”, pues apenas se publicaron los requisitos, las fichas técnicas y las exigencias de los oferentes, la empresa cumplía con todas y cada una de las características solicitadas: “parecían calcadas las especificaciones de la ficha técnica que había hecho llegar con antelación”, aseveran.
Recordemos que frente a esta investigación el juzgado 48 de conocimiento de Bogotá emitió, en agosto del 2019, un fallo condenatorio contra el exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Cesar Manrique Soacha, y el exsubgerente, Jesús Amado Abril; por las mismas irregularidades durante el proceso de contratación.
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