Debido a la pandemia de COVD-19, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dijo en un comunicado que celebrará las audiencias en el “formato híbrido”.
El caso tiene como origen una decisión de la misma CIJ de noviembre de 2012, cuando estableció unos límites marítimos entre ambos países que se consideraron más favorable para Nicaragua que para Colombia.
Aquel fallo confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.
Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, dijo en una alocución el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Dos meses después, Managua regresó a La Haya y reclamó que le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.
Bogotá respondió que Managua no ha probado que buques colombianos hayan violado el espacio marítimo nicaragüense y que la Zona Contigua Integral “es legal según el Derecho internacional”.
Por otro lado, Colombia introdujo en la fase de alegatos escritos 4 contrademandas, de las cuales dos fueron admitidas por la CIJ.
En la primera se aseguró que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular, de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.
La segunda denunció que en un decreto de agosto de 2013 Nicaragua “extendió sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional”, lo que habría supuesto una “violación de la jurisdicción de Colombia”.
Los jueces escucharán el próximo septiembre tanto la denuncia inicial de Nicaragua como las contrademandas de Colombia. Las audiencias se alargarán presumiblemente varios días, tras lo cual los magistrados se retirarán a deliberar un fallo que será final, pues las decisiones de la CIJ son inapelables.
Esta disputa legal se desarrolla en paralelo a otra incoada por Nicaragua que aún está en la fase de alegatos escritos. En ese segundo caso, Managua le pidió a la CIJ que esclarezca los derechos y deberes de ambos países respecto a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa del mar Caribe.
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