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A dos semanas de que se realicen las elecciones regionales, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado de atención porque, según las autoridades, las entidades no están poniendo el 100% de su capacidad para garantizar la viabilidad de los comicios.
Tal como explicó la procuradora Margarita Cabello, que alertó por posible apagón durante esa jornada, “la respuesta a estas alertas de control ha sido nula” pues “las cifras se han convertido más en una rendición de cuentas que en un mecanismo para tomar decisiones”.
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En ese mismo sentido, la Defensoría aseguró que “desde que se emitió la Alerta Temprana 030 en el contexto electoral se presentaron 204 acciones violentas por parte de grupos armados ilegales”, una cifra que indica hay una fuerte debilidad para las elecciones en ese sentido.
Así las cosas, la Defensoría del Pueblo presentó un informe de seguimiento en el que se registran acciones contra candidatos a alcaldías y concejos y contra líderes sociales o comunitarios que afectan los comicios del 29 de octubre. Las conclusiones no son favorables, pues la Defensoría asegura que hubo un incremento de acciones violentas.
“En agosto, cuando la Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana 030 en contexto electoral, la entidad indicó que 113 municipios estaban en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Dos meses después, el mapa muestra que se mantiene el riesgo en esos municipios y que, adicionalmente, aumentaron los hechos violentos en las regiones advertidas”, dijo la entidad.
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Así las cosas, la entidad aseguró que en tan solo dos meses hubo un aumento significativo en el número de vulneraciones comparado con los primeros siete meses del año. Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Según esa información, los grupos que cometen las mayores vulneraciones son las disidencias Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc – Clan del Golfo) y el Eln, a lo cual se suman los grupos de crimen organizado.
“Sin embargo, en la mayoría de hechos se desconoce el autor. Estos grupos armados ilegales o criminales realizan ataques o atentados contra candidatos o sedes políticas, homicidios, restricciones a la movilidad y afectan directamente el proceso electoral”, advirtió el defensor Camargo.
Los departamentos con el mayor número de conductas vulneratorias registradas entre agosto y septiembre en municipios con riesgo extremo son: Norte de Santander con 20, Arauca 15, Nariño 12 y Bolívar 9. Le siguen Cauca 3, Antioquia 3, Guaviare 3, Huila 3, Valle del Cauca 3, Chocó 2 y Putumayo 1.
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“En el seguimiento de la Alerta Electoral encontramos que hay una respuesta estatal reducida y sin claridad en las acciones de protección a las poblaciones en riesgo, tampoco en acciones preventivas”, aseveró el Defensor del Pueblo.
Esto último tiene que ver con que, de las siete entidades a las cuales se les hicieron recomendaciones en el marco de la Alerta Temprana 030, solo cinco enviaron respuestas de fondo: la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la Nación.
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