La Ley de Garantías busca impedir la posibilidad de que los dineros de contratación pública se filtren a campañas electorales y sean usados para favorecer candidatos o movimientos políticos en los meses previos a las elecciones.
Al haberla levantado en la víspera de las próximas elecciones, permitiendo la celebración de convenios interadministrativos con el presupuesto de la nación bajo el argumento de la reactivación económica después de la pandemia de COVID-19, diversos sectores manifestaron su preocupación por la posibilidad de que esos recursos pudieran desviarse para influir en el proceso electoral.
Por eso, el magistrado Jorge Enrique Ibañez consideró el estudio de las demandas “como un asunto de especial trascendencia social”, por lo que pidió que su estudio sea “tramitado y fallado” a la brevedad para “prevenir la eventual grave afectación del patrimonio nacional”, inicativa que se aprobó con 6 votos, según informó RCN Radio.
¿Qué cuestionan las demandas a la modificación de la Ley de Garantías electorales?
El Tiempo detalla que las demandas cuestionan que las modificaciones debieron tramitarse como ley estatutaria, pero fue un ‘mico’ porque fue incluida en la ley de presupuesto. Además, señalan que se votó sin las mayorías requeridas.
Otras objeciones apuntan a que afectó el sistema de pesos y contrapesos para “favorecer a algunos sectores políticos y hasta para financiar la compra de votos en algunas regiones del país”, que el presidente Iván Duque no acató la orden judicial de no firmar la ley, prosigue el rotativo.
Algunos de los demandantes fueron los congresistas Roy Barreras e Iván Cepeda, cuyos recursos fueron agrupados junto con las tantas otras de varios abogados y ciudadanos que también cuestionaron la modificación.
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