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La Superintendencia Financiera ordenó a la sociedad GMF Investments, representada legalmente por los señores Óscar Mauricio Acosta Rodríguez y Gustavo Alfonso Malaver Barbosa, suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público.
La entidad evidenció que la mencionada sociedad recibió dinero del público a través de un contrato denominado “acuerdo de inversión, en programa de criptomonedas y sus derivadas Alt Coins, Masternodos, Minería de Cryptos y Traiding en mercado Forex, bajo sistema de apalancamiento compuesto”, comprometiéndose a devolver el dinero aportado inicialmente más el pago de unos rendimientos porcentuales.
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En los “acuerdos” suscritos, GMF Investments ofrecía a sus inversionistas recibirles dinero para, antes de devolverlo, realizar supuestas inversiones en portafolios de Forex (compra y venta de divisas, criptomonedas y sus derivados), prometiendo rentabilidades que oscilaban entre el 50% y el 140 % en períodos de 150 a 360 días calendario.
De esta manera, dicha sociedad suscribió 54 contratos denominados “acuerdos de inversión” con 27 personas por un valor de $2.055.813.469, evidenciando así la recepción de dineros sin entregar a cambio un bien o la prestación efectiva de un servicio; adicionalmente, efectuó el reconocimiento de unos rendimientos fijos sin que la sociedad haya demostrado la realización de una actividad económica que justifique de manera financiera razonable el pago correspondiente.
La medida, adoptada mediante la Resolución 0241 del 08 de febrero de 2024, ordena también realizar la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.
“La sociedad cobijada con esta decisión no podrá realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas” se lee en un comunicado de la superintendencia.
La Superfinanciera también recomendó a los ciudadanos estar muy atentos a los ofrecimientos de negocios que prometen altas rentabilidades por parte de personas que no cuentan con la autorización necesaria para captar masivamente dinero del público. “Igualmente, antes de vincularse a este tipo de propuestas, se sugiere consultar ante esta superintendencia u otras autoridades la legalidad de estos esquemas de inversión”, se indicó.
El expediente fue remitido a la Superintendencia de Sociedades con el fin de que se inicie el respectivo proceso de intervención. Así mismo, se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación para efecto de las investigaciones en materia penal.
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