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El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, anunció recientemente que durante la última semana de abril se realizará el primer pago del programa Renta Ciudadana, el cual otorga a sus beneficiarios la suma de 500.000 pesos.
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Sin embargo, sus declaraciones también arrojaron luz sobre un fenómeno preocupante: la presunta manipulación de datos por parte de algunas personas para calificar como beneficiarias del programa.
Bolívar denunció que aproximadamente 20.000 mujeres habrían “echado a sus esposos” con el fin de cumplir con el requisito de ser madre cabeza de hogar, necesario para acceder al programa. Esta revelación pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los criterios de elegibilidad y de los controles para evitar abusos y fraudes.
El funcionario explicó que están utilizando sistemas de cruces de información con la Registraduría y la Dirección Nacional de Planeación para depurar la lista de beneficiarios y asegurarse de que realmente cumplan con los requisitos establecidos. Este esfuerzo por garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de recursos es fundamental para la eficacia y la legitimidad del programa.
Además, Bolívar informó sobre una dificultad logística importante en el proceso de pagos: la imposibilidad de contratar una entidad financiera para administrar las transferencias de recursos a los beneficiarios. Debido a esto, se ha decidido realizar los pagos del primer semestre de 2024 mediante giros, una medida que busca garantizar que los beneficiarios reciban sus recursos de manera oportuna y eficiente.
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El proceso de contratación, llevado a cabo a través de Colombia Compra Eficiente, enfrentó obstáculos significativos, ya que ningún banco se presentó en uno de los procesos y en los otros dos, varios no cumplieron con los requisitos necesarios. Esta situación subraya la importancia de contar con una infraestructura administrativa sólida y eficiente para la implementación exitosa de programas sociales de esta magnitud.
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