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El Comité Intergremial del Atlántico ha emitido una advertencia sobre dos decisiones regulatorias recientes tomadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que podrían resultar en un significativo aumento en las tarifas de energía eléctrica en Colombia.
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En primer lugar, el Comité solicita al Gobierno Nacional revocar estas decisiones y en su lugar implementar medidas que promuevan la eficiencia en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Además, insta a tomar decisiones que mejoren el diseño del mercado energético, un componente esencial para la productividad empresarial, el bienestar de los hogares y el desarrollo económico del país.
Una de las medidas cuestionadas es la decisión del Ministerio de Minas y Energía de obligar a las termoeléctricas a hacer despachos forzados y establecer nuevas reglas para el despacho de las hidroeléctricas. Según el Comité, esta medida resultará en un aumento significativo en el costo de las restricciones asociadas a la generación forzada, lo que se traducirá en un incremento en el costo unitario de la tarifa eléctrica.
Además, se prevé que los usuarios se vean afectados por pagos adicionales derivados de deudas con comercializadores, restricciones en la oferta de energía y sanciones por exceder los consumos establecidos. Aunque la intervención del Gobierno ha reducido artificialmente el precio de la energía en bolsa, este impacto será eclipsado por el aumento en el costo de las restricciones de generación, lo que no contribuirá al propósito de evitar el racionamiento energético.
El Comité argumenta que estas decisiones incrementan el riesgo de racionamiento y transfieren costos adicionales a los consumidores finales. Además, critica la intervención del mercado que premia las ineficiencias de algunas hidroeléctricas y comercializadoras, mientras que penaliza a los compradores mediante contratos y a los consumidores en general.
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La resolución emitida por el Ministerio de Minas y Energía también afecta a los autogeneradores, quienes verán reducida su rentabilidad al generar excedentes de energía para vender en el mercado. Este escenario podría obstaculizar la recuperación económica, especialmente en el sector industrial.
El Comité también critica el programa de ahorro de energía implementado por la Creg, que introduce incrementos tarifarios significativos para los estratos bajos y el sector comercial e industrial. Advierte que estos aumentos podrían afectar negativamente la recuperación económica en la región Caribe, especialmente en sectores como el turismo, comercial e inmobiliario.
En resumen, el Comité Intergremial del Atlántico enfatiza la necesidad de revisar estas decisiones regulatorias para evitar un aumento injustificado en las tarifas de energía eléctrica, que podría obstaculizar la recuperación económica y acentuar las disparidades regionales en los costos de energía.
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