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El Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a suspender la licitación de pasaportes, de acuerdo con información que les fue notificada a las firmas interesadas en la tarde de este viernes 23 de febrero.
De acuerdo con lo que logró establecer El Espectador, la decisión se tomó para que no corran términos en este nuevo proceso, avaluado en $ 416.000 millones, ya que se presentaron más de 550 inquietudes de las firmas interesadas.
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Según fuentes enteradas de este proceso, la ley obliga a la Cancillería a responderlas todas y, para evitar que se genera algún enredo con los tiempos, pues la fecha máxima para responder era el lunes 4 de marzo, se tomó la decisión de suspender esta nueva licitación.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar a los interesados que se ha suspendido el proceso de ‘Pasaportes – Licitación Pública 003 de 223′ con el fin de hacer una revisión completa de las observaciones presentadas”, se lee en la comunicación que se les remitió a las firmas que hacen parte del proceso.
Esta notificación llegó cinco días después de que se cerrara el plazo para presentar observaciones, el cual venció el pasado 19 de febrero. Si bien la plataforma Secop ha presentado algunas fallas, se sabe que al menos nueve de las diez firmas interesadas habían presentado inquietudes.
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Entre las empresas que hicieron comentarios están la francesa Ingroupe, la chilena Sonda, la mexicana Accesos Holográficos y la española Indra. Estas tienen algunos reparos en cuanto a puntos específicos de la licitación que podrían, según su versión, generar algún tipo de ventaja para otros competidores; una de ellas, incluso, habló de Thomas Greg & Sons, firma que tiene actualmente ese proceso.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien tomó la decisión de suspender el actual proceso, también determinó reasignar la licitación de pasaportes, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos, a la Secretaría General de la Cancillería.
Como se recordará, el secretario general de la cartera, Jose Antonio Salazar, era quien dirigía la pasada licitación, pero luego fue apartado por orden del canciller suspendido Álvaro Leyva. Esta determinación fue uno de los motivos que estudió la Procuraduría, entidad que terminó por suspender por tres meses a Leyva.
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Por lo pronto, no hay certeza de cuándo se reabrirá la licitación de $416.000 millones. En un principio, se tenía estipulado que sería el 6 marzo la fecha en que se conocerían las condiciones definitivas para participar en el proceso y el 25 de abril cuando se adjudicara el contrato.
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