Además de la reforma tributaria, que sigue su curso en el Congreso, el otro tema económico que se debate por estos días es cuál será y cómo se distribuirá el presupuesto del país para 2023. El proyecto ya superó el primero debate y, antes del segundo debate, los ponentes y coordinadores del proyecto de ley han sostenido todo tipo de reuniones para ajustar el proyecto, que por ahora tiene un monto aprobado por $405,6 billones.
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En medio de esos ajustes, desde el Departamento de Prosperidad Social (DPS) hicieron una solicitud para aumentar el presupuesto. Cielo Rusinque, directora de la entidad, sostuvo una reunión con los coordinadores del proyecto y el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, así como con otros representantes del Gobierno, para discutir el monto asignado al proyecto que está próximo a cursar su segundo debate en la plenaria en el Senado.
Durante el encuentro, Rusinque solicitó ampliar en $1 billón el presupuesto de la entidad, argumentando la necesidad de asegurar los recursos para ejecutar dos programas que anunció el Gobierno: Hambre Cero y Jóvenes en Paz. Debido al monto solicitado, la funcionaria anunció la creación de un plan anticorrupción para vigilar que los recursos solicitados en efecto se destinen para ambos proyectos.
“Con esos recursos es imposible enfrentar el gran desafío del nuevo Gobierno por la crisis económica y, sobre todo, por la crisis alimentaria para sacar adelante el programa de Hambre Cero y Jóvenes en Paz”, aseguró Rusinque, quien resaltó que en estos momento el presupuesto de la entidad se redujo a la mitad respecto al de 2022 y que por lo tanto se estaría enfrentando “a una posible desfinanciación”.
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Sobre la destinación de los recursos, la directora del DPS destacó el plan anticorrupción y señaló que la entidad “se va a caracterizar por la transparencia”. “Hemos llamado a los organismos de control para que acompañen nuestros procesos a nivel interno”, añadió la funcionaria, sobre su intención de convertirse en “una institución de puertas abiertas”.
“Se trata de dar prioridad a los sectores más desfavorecidos, a los que se ven más afectados por la crisis, tanto económica como climática, y sobre todo a los sectores más vulnerables,” concluyó Rusinque sobre los programas, que se asemejan a los que implementó el presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015.
¿En qué consiste el programa ‘Jóvenes en Paz’?
Sobre “Jóvenes en Paz”, el Gobierno explicó que se trata de un subsidio que sería entregado a los jóvenes que decidan no entrar, o dejar de estar, en bandas criminales. Adicionalmente, el programa busca que estos adolescentes puedan entrar a estudiar o dar por terminados sus estudios. El programa, además del DPS, estaría coordinado por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y hace parte la estrategia de “paz total” del Gobierno, pues su objetivo es evitar el reclutamiento de jóvenes por las bandas criminales.
“Jóvenes en Paz implicaba, en ese momento, 10 mil muchachos en peligro de criminalidad o en la criminalidad”, que se dedicaban “básicamente al hurto de celulares, pero podían cambiar por un recurso del Estado la actividad robar celulares y entrar a estudiar”, dijo el presidente Petro al explicar de qué se tratará la estrategia que piensa implementar para reducir la criminalidad.
Desde ese entonces, el mandatario indicó que se necesitaba ampliar en al menos $1 billón el presupuesto de 2023 y se sugirió que los recursos provendrían de lo recaudado a través de la reforma tributaria que ya superó su primer debate en las comisiones económicas del Congreso.
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