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A pocas semanas de que en el Congreso vuelva al ruedo la reforma pensional —que junto a la laboral y a la salud son las grandes apuestas del Gobierno—, se conoció otro señalamiento por presuntas movidas burocráticas en la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), encargada de manejar el fondo público de pensiones del país.
Según la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), esa entidad estaría aumentando su planta de trabajadores misionales, cuyos contratos son a seis meses; así como que se habría celebrado una licitación para adquirir un centro atención multicanal en 2023 más caro de lo que se hizo otra contratación para lo mismo en 2022.
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La denuncia de la congresista uribista señala que de esta manera estarían entregando ‘mermelada’ (entregar puestos en el Estado a políticos a cambio de apoyos parlamentarios, que legalmente se conoce como tráfico de influencias) desde esa entidad, cuyo presidente es el exsenador del Polo Democrático Jaime Dussán.
¿Contratos con sobrecostos en Colpensiones?
El Colombiano revisó de manera independiente la denuncia de Valencia y encontró que efectivamente el 7 de noviembre de 2023 Colpensiones firmó un contrato con la Unión Temporal MZ-2023 para prestar el servicio de centro de atención multicanal (“Contact Center”, según dice el documento) por un valor de $ 65.172 millones y con un plazo de ejecución de 26 meses.
Paloma Valencia advirtió, sin embargo, que la firma ganadora del proceso fue considerada no apta para ejecutar el contrato por no cumplir con los requisitos. La senadora sostuvo ese señalamiento con un documento que muestra que tanto la Unión Temporal MZ-2023 como los demás proponentes que se presentaron resultaron “no habilitados”. De hecho, tras revisar el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) este diario constató que ese documento, con fecha del 12 de octubre de 2023, indicó: “toda las propuestas están incursas en causales de rechazo y por lo tanto, no hay calificación”.
Pero en menos de tres semanas (el 31 de octubre) la firma de abogados Mauricio Vargas González Lawyers & Consulting le envió a Colpensiones los resultados de una consulta jurídica que concluyó que esa unión temporal “cumple con las exigencias de carácter jurídico”. De esta manera, en los primeros días de noviembre el informe de evaluación consolidado determinó que la unión temporal cumplía con todos los requisitos y, por lo tanto, fue el único proponente con resultado “habilitado” y con puntaje para quedarse con la contratación.
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“La cosa era tan grave que varios funcionarios de Colpensiones no querían firmar ese contrato porque entendían, no solamente los sobrecostos, sino el proceso por fuera de la ley que se estaba llevando a cabo”, dijo la senadora.
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El otro gran pero que señaló Paloma Valencia es que el 30 de diciembre de 2020, en el Gobierno de Iván Duque, Colpensiones contrató “los servicios de enlaces de conectividad, servicios de terminales de acceso y Centro de Atención (Contact Center)” por $ 41.293 millones y con un tiempo de ejecución de 25 meses. Lo cual quiere decir que dicho contrato incluía el Contact Center, único servicio que tenía en noviembre de 2023 y que costó $ 23.877 millones más.
Más trabajadores en misión de Colpensiones
Este tipo de laburantes son aquellos que son vinculados por medio de una empresa temporal para cumplir determinadas labores.
Según las cifras con las que la senadora sustentó su denuncia, la cantidad de estos trabajadores en Colpensiones pasó de 530 en 2019, 470 en 2020, 500 en 2021, 472 en 2022 a 763 en 2023. “Y siguen creciendo porque para septiembre (de 2023) teníamos 924 trabajadores”, explicó.
Según las fechas de los últimos tres contratos que esa entidad ha celebrado para contratar trabajadores misionales, que están consignados en el Secop, el más reciente se firmó en julio de 2023 y tiene un plazo de ejecución de menos de seis meses, hasta enero de 2024. El anterior a este se firmó en enero de 2022 y tenía un plazo de ejecución que finalizó en julio de 2023. Y el que le sigue se firmó en marzo de 2021 y termino en enero de 2022.
El primero se celebró en este gobierno, por $ 51.396 millones; el segundo y el tercero en el gobierno anterior, por $ 57.977 millones y $ 32.331 millones, respectivamente. Lo curioso es que para un contrato de seis meses se pagó casi lo mismo que por un contrato de un año y medio.
Esto, para Valencia, significa que “si vuelven a contratar para completar los otros meses que quedan faltando estaríamos hablando de un contrato de $ 102.000 millones (…) con eso es que pagan la famosa ‘mermelada’”.
Por ahora, este es el ambiente que rodea a otra de las reformas sociales que el presidente Gustavo Petro intenta sacar en el Legislativo, máxime cuando el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, es un asiduo visitante del Congreso en medio de las discusiones de las reformas.
¿Qué respondió Colpensiones?
Sobre esta denuncia, El Colombiano buscó en la oficina de prensa de la entidad un pronunciamiento y desde allí indicaron que la única respuesta sería a través de un comunicado de prensa. En el mismo, Colpensiones señaló que actualmente con la empresa Misión Temporal tienen vinculados 1.025 personas y que “en 2023, la nómina de contratación de personal fue de $ 52.860.102.045”.
Por otro lado, expresaron que a Colpensiones “se ha vinculado un nuevo personal importante, profesional, capaz, y por supuesto que, por las recomendaciones que hacen los directivos, se necesitan nuevos funcionarios con mayor compromiso”.
Finalmente, advirtieron que la contratación de tecnológicas y de servicios no se ha hecho con “los recursos para pagar pensiones, si no de los recursos del presupuesto interno”.
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