Una vez más a las calles

Pareciera que disminución de contagios y muertos a consecuencia de la Covid-19, sumado a las pequeñas señales alentadoras de reactivación económica en el país, son el motor que activa los mezquinos intereses de los promotores de la protesta social. Necesidad de desestabilización, fallecimientos y miseria, de cara al proceso electoral de 2.022, es el eje de unas marchas que siempre terminan en manos de vándalos criminales que, en tiempos de pandemia, atentan contra las esperanzas y el esfuerzo de tenderos, comerciantes y demás integrantes de la cadena productiva de la nación. Apuesta por multiplicar los contagios, paralizar las ciudades, ejercer agresiones contra gente inocente, sembrar el terror y destruir los bienes públicos y privados, pide tomar medidas fuertes y concretas, desde el ámbito jurídico, para pasar de los eufemismos que solo suavizan y niegan la verdad de lo que está ocurriendo en Colombia.

Quienes convocan a la protesta no pueden seguir eludiendo la responsabilidad que les asiste frente a los daños y perjuicios causados en las ciudades, las poblaciones, el transporte público y a quienes les destruyen sus negocios o les impiden comercializar sus productos. Paso del discurso revolucionario, en redes sociales y plataformas virtuales, a las acciones de hecho es el que no deja avanzar y tiene sometidos a los colombianos al libre albedrío de gente que no le gusta trabajar, y solo les importa frenar la lenta y difícil recuperación de la economía. Progreso del país distante está de los mamertos que han demostrado ser una degeneración igual o peor que los corruptos, maquiavélicos sujetos que condenan a Colombia en el subdesarrollo porque falta la sagacidad política de un gobierno que les plante la cara y los mande para donde muchos están pensando, pero por respeto a los lectores acá no se puede escribir.

Indiferencia al dolor y a la muerte es la que tiene a Colombia en una sin salida en medio de estigmatizaciones, masacres, extorsiones, robos y demás acontecimientos que hacen parte del diario vivir en las regiones más apartadas de la nación, pero que ahora se instauran en las principales capitales del país. Normalización del conflicto, que hace ver los hechos como si no pasara absolutamente nada, es la consecuencia de un clan político que apuesta por llegar al poder, de cualquier manera, y sustenta su propuesta electoral desde un gobierno ciudadano; sofisma de campaña que en el ejercicio del mandato se desdibuja ante la figura de caudillos progresistas que actúan de humanos, pero en el fondo se creen dueños del país, poseedores de la verdad absoluta, y sueñan con implantar un falso modelo socialista que solo acrecienta su riqueza y propiedades.

La violencia, que cada vez aleja más la tan anhelada paz, está desatada por los interés personales que permean una ideología de izquierda que magistralmente está utilizando a los colectivos juveniles, las comunidades indígenas y las agremiaciones sindicales desde el culto a una cultura de la exclusión y la injusticia. La coalición por la esperanza o el pacto histórico por Colombia no son más que uniones de barro que congregan hambrientas ansias de oportunistas políticos que cambian las banderas de sus partidos a la cacería de las sobras que sacian su apetito burocrático; indiferencia, conformismo y deseo de pasar por encima de otros para lograr los propios beneficios que demarcan la corrupción y politiquería que acompaña a los herederos políticos del conflicto armado más antiguo del continente y la pobreza que este trae consigo.

Crisis del sistema político, económico y social de los colombianos difícilmente se superará desde los intereses de pichones matones de redes sociales que mucho insultan, pero poco proponen; caciques electores de escasa experiencia y nula capacidad de ejecución, faro falso de la moral que promueve la conformación de células urbanas de violencia y dispara desde sus ínfulas, pero que bien escondidos tienen sus auténticos propósitos. Campaña que ya se perfila para los comicios de 2.022 devela un camino plagado de políticos tóxicos, generadores de odio, que cohonestan con el proceder de una primera línea de las protestas violentas; vándalos que tienen como excusa las marchas para perjudicar a la gente trabajadora, bloquear las ciudades, incentivar el terrorismo y acabar con los bienes públicos y privados, al tiempo que multiplican los contagios.

Valores y principios invertidos, con verdades a medias, que enaltecen a excombatientes como guía de paz y la moral pretende hacer creer que un amplio sector de la población colombiana es intolerante, guerrerista y sembradora de odio, cinismo de perturbados sociópatas de izquierda que emergen como una auténtica amenaza a combatir en las urnas. Perfección, desde la que posan los líderes de la ideología siniestra, paso a paso se desmitifica con las pruebas de indelicadezas en el actuar y proceder, incluso con integrantes de su propia colectividad; personajes con peligrosas agendas, que solo buscan la crisis para sustentar su propuesta de gobierno desde la que todo acto vandálico lo validan como legal. Constantes yerros de la justicia en Colombia, contaminada por los lineamientos políticos de magistrados, lleva la impunidad a su máxima expresión; ofensivo resulta ver que quienes cometieron flagrantes delitos en contra de la ciudadanía inerme ahora se ven favorecidos con la laxa actuación del aparato jurídico colombiano.

Lo que tanto critican los próceres de la izquierda prácticamente se les puede encontrar como parte de su trayectoria de vida: mentiras, estafas, trampas, violencia, entre otros; camino fácil que se lleva por delante a los demás y que se traduce en falta de respeto y de amor al prójimo. Brutalidad que se junta en lo que dicen y hacen, los progresistas del siglo XXI, los lleva a acusar a los ricos y poderosos colombianos de evadir impuestos por codicia, conllevando a dejar sin financiación pública la salud y la educación de los colombianos, pero actualmente se azotan con la evidencia non sancta de unas regalías no declaradas. Cuidado deben tener los colombianos de dejarse embaucar por personas que ya sugieren cómo van a cortar las libertades y atentar contra los derechos humanos, aquellos que con arrogancia, y desde la ignorancia de la masa, obligan al colectivo a hacer lo que ellos quieren.

Doble moral de quienes fungen de decentes en la política colombiana impide que sean ejemplo ante la sociedad, su capacidad para ser los primeros que hacen trampa, y se aprovechan de la ingenuidad del pueblo elector, llama a prestar atención sobre lo curioso que resulta que las cabezas visibles del pacto histórico tengan asuntos pendientes de ilegalidad, evasión, enriquecimiento poco claro, y salgan a despotricar contra la institucionalidad. Capacidad ética de la izquierda queda en entredicho por una horda de personajes que dicen ser opción de cambio, pero se constituyen en el peor enemigo de su propuesta ideológica; fanatismo atávico que los inmola con mayor o igual furia que la que proyectan contra el que dicen es su mayor enemigo.

Podredumbre y hedor que se percibe, en el sórdido proceder de la izquierda, siembra un profundo interrogante sobre el axiomático propósito de llevar nuevamente a las calles el inconformismo ciudadano por parte del Comité Nacional del paro. Excusa de movilización con el propósito de respaldar los 10 proyectos de ley que ya fueron radicados en el Congreso, el 20 de julio, emplaza a preguntar por el respaldo irrestricto que demostraban fuerzas políticas a la manifestación popular. Dietario en materia de reforma tributaria es un mal necesario que debe salir aprobado, sin micos, del legislativo; flaco favor se hace a la democracia, la economía y la recuperación del país atenuando el comportamiento revoltoso de quienes luchan porque se mantengan las prebendas de los empleados públicos y los presupuestos de las entidades estatales, así de cara al país digan todo lo contrario.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.