Peligroso extremo

Radicalismo ideológico de izquierda, centro o derecha es igual de malo para la democracia, el país requiere de pedagogía política de cara a 2.022

Torpeza administrativa, jurídica y social del gobierno y su partido han quedado en evidencia en las últimas semanas, afán por mantener el poder sega el sentido común y raya los límites de un sistema arbitrario y tiránico. Erráticos pasos de la Fiscalía persiguiendo a la oposición, intento de imponer una ley mordaza al periodismo, son tan solo unos ejemplos del desespero de un partido que tiene claro que el colectivo social apuesta por un cambio drástico en el ejercicio del poder. Uso de la contratación pública para favorecer a sus candidatos, ruptura de la independencia de los entes de control y oscuros movimientos que encienden las alarmas sobre las garantías electorales, antes que ser un delirio de persecución de los mamertos es el resultado del indelicado proceder de quienes olvidaron que en la vida no solo se debe ser honesto sino parecerlo.

Señalamientos de desprecio al régimen que se vive en Venezuela, Nicaragua, o Cuba, y su posible extrapolación a Colombia, con quienes dicen tener un pacto histórico por la nación, se desdibujan con el proceder revanchista que sacaron a flote las coaliciones del gobierno en el legislativo. Afán de callar a la prensa, limitar el libre derecho a la expresión, revive el ánimo de desquite de las fuerzas políticas que desde un articulito buscan atentar contra el ejercicio profesional de los Comunicadores Sociales – Periodistas. Censura que ahora se propone es igual o más grave que lo que ocurrió en escenario del proceso 8.000 cuando, el presidente de turno, en retaliación por las denuncias de corrupción, trampa, clientelismo, incoherencias y mentiras frente a los dineros del narcotráfico en la campaña electoral, impulsó un acto legislativo que eliminó la tarjeta profesional de los comunicadores escudándose en lo expuesto en el artículo 20 de la Constitución Nacional.

Sin el ánimo de polemizar y revivir los escándalos de Karen Abudinen y Jennifer Arias, que no pasaron de ser un bochinche de momento y ya se perdieron en la memoria de un país plagado de noticias eclipse, impertinente actuar de los funcionarios públicos no puede gozar del poder de intimidación de los legisladores de partido que cohonestan con la tarea de desprestigiar el periodismo y atajar el libre derecho del ejercicio profesional en la construcción de opinión pública. A los políticos en Colombia no los desprestigian los periodistas, los medios de comunicación y quienes se atreven a expresarse en las plataformas sociales, nepotismo puro con el que muchos, de los que se dicen demócratas, actúan comprueba que es hora de hacer una revolución en las urnas para acabar con los tradicionales politiqueros que transitan entre partidos y movimientos sin sonrojarse y tienen sumida a la nación en la peor crisis de inequidad social, económica y política de la historia democrática de los colombianos.

Deudas por resolver del estado con sus ciudadanos se complejizan al ver que aproximadamente el 17% del presupuesto general de la nación se va en corrupción año tras año, cáncer democrático que carcome a todos, absolutamente todos, los sectores ideológicos del espectro político colombiano. Investigación que se sigue a opositores no es una persecución, es la consecuencia de la torpeza gubernamental de inexpertos dirigentes que prefieren una deuda en dólares, con toda su fluctuación, a mantenerla en pesos. Cobardía es la mano negra, doble moral, de una fuerza política que tiene un discurso de cara al país, pero quita y pone triquiñuelas en el ejercicio del poder, que ahora los acompaña, para amordazar y silenciar a quien los critica.

Campanazo de alerta que se exaltó esta semana con una abstención del 90% de los menores en las elecciones a los Consejos de la Juventud denota la apatía de la sociedad con la clase política que está más desprestigiada que los defensas de Llaneros y los goles del Unión Magdalena en el ascenso del fútbol colombiano. Pútrida falsedad del sistema político colombiano conlleva a que hoy se señale de corrupto a quien vota con la oposición, pero en campaña se revista de garante de la democracia a quien cambia de bando y apoya a aquel que era su contradictor. Vergonzoso es el silencio de quienes se vanagloriaron con Santrich, El Paisa, Romaña y otros disidentes de la guerrilla, pedían a gritos cancelar sus circulares rojas, y ahora prefieren omitir sus nexos y residencia en territorio venezolano; hipocresía similar a la de los colectivos “feministas” que se escandalizan con J. Balvin, pero olvidan que aplaudieron la premiación del imperfecto acuerdo de La Habana para los capos abusadores de las FARC.

Tímido y tardío pronunciamiento del presidente contra el artículo que viola la libertad de expresión es la ratificación de un gobierno incompetente que hace parte una maquinaria política que engrasa sus gamonales para que la gente siga votando por ellos. Triste es ver una amplia gama de candidatos a ocupar la primera magistratura de la nación y saber que ninguno es la solución, Colombia requiere de un estadista, zorro político, que sin mentirle a la gente apueste por la transformación del país y, respetando el derecho humano de la presunción de inocencia, arriesgue cartas gubernamentales por recuperar la maltrecha reputación del Congreso, la Casa de Nariño, la justicia y los grupos económicos. El primer paso para destruir la democracia es oficializar una política de cárcel o multa similar al plomo o plata que reinó en la época de Pablo Emilio Escobar Gaviria; investigación y consigna de buscar la verdad que sigue el periodismo es incómoda para una casta dirigente que legisla en favor propio y está buscando tapar sus cochinadas para que no salgan a la luz pública.

La corrupción sigue creando trajes para camuflarse en la Constitución, apagar la voz de la ciudadanía es un contrasentido de quienes se jactan de sacar pecho en la comunidad internacional denunciando a Venezuela, mientras al interior del país nefastamente intentan poner una mordaza a quienes quieren denunciar los actos non-santos de una justicia politizada que está en la búsqueda de comas, artículos y leyes para conceder a los maleantes vencimiento de términos o casa por cárcel. Impurezas que se marcan a la extrema derecha no son menos cuestionables que el proceder y camuflaje de social demócratas que mienten a Colombia sobre el propósito de estar en una coalición para ganarse puestos y cuotas, o la amenaza de quien puntea en las encuestas y entre líneas ya deja vislumbrar que desde el primer día de su gobierno hará exactamente lo que le da la gana y si el Congreso no lo apoya sacará a sus colectivos en un paro sin precedentes.

 

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Desfachatez sin velos es la que acompaña a candidatos que prometen, prometen y prometen, pero saben que esas promesas nunca se van a cumplir así ganen las elecciones. Incumplimiento de acuerdos es lo que ha generado más violencia, miseria, desempleo y abandono hacia un pueblo que reclama oportunidades. Hay que llamar las cosas por su nombre, pisar los callos de los poderosos no es polarizar, en este momento Colombia requiere un debate con altura en donde se tenga una apuesta responsable por el país para los próximos 4 años. Atentado contra la democracia es una clase política que no fue capaz de autorregularse y está llena de ovejas negras que legislan en el Congreso, hacen control político, manejan la justicia a su antojo y pretenden dar cátedra de moral.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.