Paz urbana en Medellín tambalea: renuncia clave y pacto condicionado agravan dudas sobre el proceso de diálogo

La mesa de negociación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las bandas criminales de Medellín enfrentó este lunes un momento clave tras dos acontecimientos opuestos que impactaron el proceso. Por un lado, Freyner Alfonzo Ramírez García, conocido como Carlos Pesebre y uno de los principales voceros de las estructuras armadas en el diálogo sociojurídico, anunció su renuncia. Según El Espectador, Pesebre calificó el proceso como improvisado, con falta de claridad y sin garantías, manifestando su inconformidad a través de una carta enviada el 31 de enero al consejero comisionado de paz, Otty Patiño. A pesar de los avances, como la histórica reducción en los índices de homicidios, el líder criminal denunció que la conducción poco profesional de la mesa derivó en una informalidad persistente y en la pérdida de confianza por parte de los participantes.

Por otra parte, casi de manera simultánea, tanto la delegación del Gobierno dirigida por la congresista Isabel Zuleta como representantes de las bandas criminales ofrecieron una rueda de prensa desde la cárcel de Itagüí. Allí se anunció un "acuerdo condicionado" de paz urbana, aunque sin establecer detalles sobre el alcance o la implementación del pacto. Según el comunicado oficial, el acuerdo aborda temas como la memoria y dignificación de las víctimas, la prevención de nuevas violencias, la inclusión social de personas dentro de estructuras armadas, el impedimento del resurgimiento de nuevas organizaciones y la transformación de economías ilícitas.

Pese a que estos puntos ya han formado parte de la agenda previa en el diálogo, la comunicación oficial insistió en que se dará conocer la deliberación de cada aspecto y los mecanismos de participación ciudadana, asegurando además que la firma del acuerdo tendrá lugar antes del fin del actual gobierno. Sin embargo, esta declaración contrasta con las críticas expuestas por Pesebre, quien aseguró que el proceso ha llegado a un punto muerto e incluso subrayó el desencanto que ha provocado entre comunidades y personas privadas de la libertad en el Valle de Aburrá, citando expectativas frustradas y la pérdida de credibilidad como principales consecuencias.

Durante la conferencia, la senadora Zuleta remarcó los compromisos alcanzados hasta el momento, como la reducción histórica de homicidios en el Valle de Aburrá, donde en el último año la tasa se ubicó en un solo dígito, de acuerdo con las cifras seguidas por el Gobierno y reconocidas por las estructuras armadas involucradas en los diálogos. De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), en los diez municipios metropolitanos los homicidios bajaron un 6 % respecto a 2024, pasando de 463 a 437 casos.

No obstante, la situación en Medellín difiere notablemente. Según cifras de Meval que revisó El Espectador, la capital de Antioquia presentó un aumento del 5 % en asesinatos: de 309 homicidios en 2024 a 325 en 2025. Es importante reseñar que este aumento no estuvo motivado principalmente por disputas entre bandas, sino que obedeció en su mayoría a conflictos de convivencia. En especifico, los homicidios por riñas aumentaron de 114 a 129, y los relacionados con hurtos pasaron de 21 a 23, cifras que reflejan dinámicas violentas más allá del alcance inmediato del proceso de paz urbana.

El contraste entre los discursos optimistas de las autoridades y la renuncia de uno de los principales voceros del acuerdo evidencia la complejidad de la situación y siembra dudas sobre la sostenibilidad y eficacia de los esfuerzos de paz en el contexto urbano medellinense. Con una agenda todavía poco clara y procesos internos señalados por falta de profesionalismo, la reconciliación en la ciudad enfrenta un futuro incierto.

¿Qué implica el concepto de “acuerdo condicionado” de paz urbana en este contexto?

El término “acuerdo condicionado” hace referencia a un pacto cuyos alcances y compromisos dependen de la evolución de aspectos específicos previamente establecidos entre las partes. En el escenario de los diálogos entre el Gobierno y las bandas criminales de Medellín, aún no se han divulgado detalles claros sobre cuáles serán esas condiciones ni cómo se llevará a cabo la implementación de lo pactado. Según el comunicado consultado por El Espectador, se anticipa que los pormenores, así como los mecanismos de monitoreo y participación ciudadana, serán presentados a futuro.

El uso del concepto remarca la presencia de desconfianzas y cautelas dentro de las negociaciones, pues refleja el interés de amarrar el cumplimiento de acuerdos sustantivos a la resolución o avance de situaciones consideradas prioritarias, sean estas la reducción de violencias, la inclusión social o la reparación a víctimas. Esto resulta relevante dada la tensión existente entre los logros anunciados y las críticas internas por parte de actores como Carlos Pesebre respecto al rumbo y la transparencia real del proceso.