Violento robo a un ciclista en Medellín destapa alarmante ola de homicidios y “justicia por mano propia”

La justicia colombiana avanzó con rapidez en el caso del homicidio de Óscar Arnulfo Cardona Naranjo, quien fue asesinado en un violento asalto mientras esperaba el inicio de su jornada laboral en la madrugada del 4 de octubre de 2024. Óscar, un hombre de 43 años dedicado y conocido por su disciplina laboral, aguardaba con su bicicleta frente a una bodega cercana a la Placita de Flores, en el barrio Boston de Medellín. Esa mañana, como tantas otras, la rutina se vio abruptamente interrumpida cuando Edwin Alfonso Soto Aular se acercó y, sin mediar palabra, lo atacó con un arma blanca.

La agresión fue brutal y repentina. Soto Aular apuñaló a Óscar varias veces antes de arrebatarle la bicicleta y huir hacia el Centro de la ciudad. A pesar del esfuerzo de la víctima por buscar ayuda tras el ataque, apenas avanzó unos metros antes de colapsar. Comerciantes y trabajadores del sector, conocido por su constante movimiento desde horas tempranas, auxiliaron al hombre, pero las lesiones eran demasiado graves y Óscar falleció minutos después de ingresar al centro asistencial.

La reacción de la comunidad y el pronto aviso a las autoridades permitió que se activara un operativo respaldado por el sistema de cámaras de seguridad. Así, la persecución dio frutos rápidamente: en cuestión de minutos, la Policía localizó y capturó a Edwin Alfonso Soto Aular en la intersección de la calle 44 (San Juan) con la carrera 50 (Palacé), en el barrio Colón. El joven, de tan solo 23 años, aún portaba el cuchillo que había utilizado en el ataque.

Ante la contundencia de las pruebas y los testimonios en su contra, Soto Aular aceptó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y se declaró culpable. Un juez en Medellín lo encontró responsable de homicidio y hurto calificado, ambos delitos agravados, y sentenció a Soto Aular a 18 años de prisión. Según lo expuesto en El Colombiano, esta condena ofrece un alivio, aunque parcial, para la familia de la víctima, oriunda del barrio Doce de Octubre, que perdió a un hombre apreciado por sus colegas y conocido por su afición a las bicicletas, en particular por la GW Jaguar que pacientemente había personalizado para usar en sus traslados laborales.

Este caso se enmarca en un contexto alarmante para Medellín: en lo que va de 2025 se han registrado 35 homicidios relacionados con hurtos, de los cuales 25 ocurrieron cuando los agresores atacaron a las víctimas antes, durante o después de los robos, o cuando ciudadanos intentaron intervenir, actuando bajo una lógica de “justicia por mano propia”. El resto de los casos derivaron de la intervención policial en medio de los robos. El Colombiano reporta que estas cifras representan un aumento superior al 22% con respecto a los homicidios por hurto del año anterior.

En contraste, el hurto de bicicletas mostró una disminución: pasando de 300 incidentes denunciados en 2024 a 194 en 2025. Sin embargo, la comuna 11 (Laureles) se mantiene como el principal foco de vulnerabilidad para los ciclistas, reflejando que, pese a la reducción en los casos totales, la inseguridad persiste especialmente en ciertos sectores.

¿Qué implica la modalidad de “justicia por mano propia” en el contexto de la violencia por hurtos en Medellín?

El aumento de homicidios vinculados al hurto ha visibilizado un fenómeno preocupante: la decisión de algunos ciudadanos de intervenir directamente frente a los asaltos, incluso llegando a agredir a los delincuentes sin mediar la acción de las autoridades. Estos episodios, conocidos como “justicia por mano propia”, han escalado tanto en frecuencia como en gravedad, tal como señalan las cifras oficiales para 2025 publicadas por El Colombiano.

La relevancia de esta modalidad radica en su capacidad para transformar un delito contra la propiedad en una tragedia mayor, como homicidios, afectando tanto a víctimas como a quienes intentan defenderse. Este fenómeno refleja, además, la tensión social y la desconfianza hacia la eficacia de los mecanismos oficiales de seguridad y justicia.