Concejales de Medellín denuncian amenazas y reclaman protección a la UNP tras intervención de la Procuraduría

Cuatro concejales de Medellín, Alejandro de Bedout, Andrés Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, continúan sin medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pese a haber denunciado amenazas de muerte meses atrás. De acuerdo con la información reportada, las intimidaciones contra estos corporados comenzaron desde abril y estarían relacionadas con las labores de control político que ejercen sobre temas delicados en la ciudad. La situación ha escalado de tal manera que, por primera vez en años, el Concejo tuvo que sesionar a puerta cerrada para proteger la integridad de sus miembros.

La respuesta de la UNP ha sido señalada como particularmente lenta y, ante esa falta de acción, la Procuraduría General de la Nación actuó solicitando con urgencia a esa entidad nacional que adelante las evaluaciones de riesgo necesarias. Así lo reveló una carta enviada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos a la Alcaldía de Medellín. Este oficio destacó que, en ejercicio de sus funciones preventivas, la Procuraduría solicitó dar inicio al proceso de evaluación y adoptar medidas inmediatas de protección, además de reportar los avances de las mismas a las entidades pertinentes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó públicamente su inconformidad ante la falta de una respuesta efectiva del Gobierno nacional. Según el propio Gutiérrez, la administración distrital informó desde abril al Ministerio del Interior sobre los riesgos que enfrentan los concejales y solicitó la activación de los mecanismos de protección necesarios, pero después de casi dos meses no se habría recibido comunicación formal. De hecho, el alcalde señaló en un mensaje textual: “Al día de hoy, después de casi 2 meses de haber enviado la carta (al Ministerio del Interior), no hemos recibido respuesta (...) Petro solo protege a sus amigos bandidos”.

Ante este panorama, se espera que la Unidad Nacional de Protección, una vez reciba la notificación formal de la Procuraduría, proceda a realizar los análisis necesarios y determine las acciones para salvaguardar la vida de estos funcionarios, cuya labor pública los expone a situaciones de riesgo. Mientras tanto, los concejales afectados anunciaron una rueda de prensa prevista para el jueves 18 de junio, en la que profundizarán en las recientes denuncias y amenazas recibidas.

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¿Por qué la Unidad Nacional de Protección no ha brindado medidas de seguridad a los concejales amenazados en Medellín?

Pese a que las denuncias se hicieron desde abril, la Unidad Nacional de Protección aún no habría implementado medidas de seguridad para los concejales, situación que obligó a la Procuraduría a intervenir y exigir con urgencia evaluaciones de riesgo y acciones concretas para proteger la vida de los cabildantes.

¿Qué función cumple la Procuraduría en la protección de funcionarios públicos amenazados en Colombia?

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, interviene como garante preventivo, solicitando evaluaciones de riesgo y presionando para que entidades como la UNP desarrolle e implemente las medidas necesarias cuando funcionarios públicos reportan amenazas.