Alquileres turísticos bajo la lupa: reportan 34 hospedajes sin licencia y múltiples irregularidades en Medellín

La vigilancia sobre los alojamientos de renta corta, como apartamentos, cabañas y glampings, se ha intensificado en los últimos meses debido a diversas irregularidades detectadas por las autoridades locales. De acuerdo con datos revelados por la Secretaría de Turismo, durante el último semestre se han consolidado 93 informes técnicos que evidencian posibles infracciones a la normativa urbanística vigente en distintas áreas de la ciudad. Estos hallazgos han puesto de manifiesto que muchos de estos inmuebles incurren en usos del suelo no autorizados, realizan cambios de destinación sin el aval correspondiente, ejecutan intervenciones carentes de licencia y vulneran los principios establecidos en el régimen de propiedad horizontal.

Un dato especialmente relevante que emerge del análisis de la Secretaría de Turismo es la situación de 34 alojamientos que funcionan sin licencia. Esta irregularidad cuestiona la legalidad de sus operaciones y genera preocupación sobre los efectos que puedan derivarse para la convivencia y la seguridad de quienes acceden a este tipo de hospedaje en la ciudad. El tema cobró visibilidad adicional a comienzos de este año, cuando tras el concierto del artista Bad Bunny se registraron diversas denuncias ciudadanas por el aumento elevado de precios en viviendas turísticas ofrecidas en plataformas como Airbnb. Este hecho volvió a colocar el debate sobre la regulación de los alojamientos temporales en el centro de la discusión pública.

Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, ofreció detalles del diagnóstico realizado hasta la fecha: una notable concentración de casos se presenta en sectores urbanos clave, como Laureles, con 21 informes, San Cristóbal con 19, El Poblado con 16 y La Candelaria con 13. Según el funcionario, también se detectaron 11 casos en zonas de retiro de quebrada ubicadas en corregimientos y áreas de ladera, lo que sugiere que este tipo de actividad se está expandiendo hacia territorios sujetos a restricciones ambientales.

Las acciones de control emprendidas no se limitan al área urbana, ya que actualmente se realizan visitas de inspección en hoteles, hostales, moteles y alojamientos turísticos en múltiples locaciones, tanto urbanas como rurales. El objetivo de estas inspecciones es revisar rigurosamente temas como el uso del suelo, la presencia de licencias adecuadas para la operación, la ausencia de irregularidades en la construcción y el respeto de los reglamentos de propiedad horizontal, así como la destinación efectiva de los inmuebles y las condiciones de convivencia.

Con base en los resultados de las inspecciones, la Administración Distrital ha iniciado procesos policivos, envío de requerimientos a propietarios y seguimiento puntual a los casos detectados. El propósito central de este esfuerzo es garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, prevenir conflictos de convivencia y fortalecer la seguridad de los usuarios de estos alojamientos de corta estadía. Además, el análisis consolidado permitirá trazar estrategias de control más focalizadas en adelante para atender el comportamiento creciente de estos hospedajes, tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Qué implica el régimen de propiedad horizontal en los alojamientos de renta corta?

El régimen de propiedad horizontal constituye un marco normativo que regula la convivencia, el uso y los derechos en edificaciones compartidas, tales como edificios o conjuntos residenciales. En el contexto de los alojamientos de renta corta, respetar este régimen es fundamental, ya que establece las condiciones bajo las cuales se pueden realizar actividades comerciales, como el alquiler temporal de apartamentos o habitaciones.

Cuando los alojamientos de renta corta operan sin ajustarse a los reglamentos de propiedad horizontal o desconocen las restricciones de uso impuestas por la comunidad, pueden surgir afectaciones a la convivencia entre propietarios y residentes permanentes. Por tal razón, las autoridades han priorizado la verificación del respeto a este régimen en sus inspecciones, con el fin de evitar conflictos y garantizar el uso adecuado de los espacios comunes.