Procuraduría investiga al concejal 'Fuchi' por bloqueos, polémica con la prensa y protestas en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación de Colombia inició una investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, tras denuncias sobre su presunta incitación a movilizaciones de taxistas y motociclistas que provocaron bloqueos en las principales vías de la capital durante protestas en agosto y septiembre de 2025. De acuerdo con lo informado por la misma Procuraduría, el procedimiento disciplinario también evalúa si Forero pudo haber abusado de su autoridad al confrontar verbalmente a un periodista de City Tv durante una de estas protestas, episodio que ha suscitado preocupación en el gremio periodístico por posibles riesgos para la libertad de prensa y la integridad de los comunicadores.

Este no es el primer incidente en el que el concejal Forero se ve envuelto en controversia. En febrero del mismo año, fue grabado mientras discutía acaloradamente con funcionarios de tránsito de Bogotá, situación que igualmente motivó el inicio de otro proceso disciplinario por parte de la Procuraduría. Además, junto con el concejal Ángelo Schiavenato, enfrenta una investigación adicional tras ingresar una motocicleta al interior del edificio del Concejo de Bogotá, acto que habría vulnerado normas institucionales de ese recinto, como destaca la información oficial.

El hecho más reciente que dio pie a la intervención de la Procuraduría ocurrió el 16 de septiembre de 2025, en medio de una protesta que reunió cerca de 1.500 conductores. Esta cifra está muy por debajo de los 10.000 participantes esperados, lo que revela un desgaste o escepticismo dentro de los mismos gremios de transportadores. Durante esa jornada, Forero fue captado increpando de manera vehemente a un reportero que le cuestionó sobre su supuesta infracción al conducir tras pasar un semáforo en rojo, situación que el propio concejal negó, tildando al periodista de “mentiroso”. El incidente generó rechazo entre organizaciones defensores del periodismo por considerar que la actitud del funcionario podría poner en peligro el ejercicio periodístico libre e independiente.

La cobertura de estas protestas y la interacción entre políticos y prensa ponen de manifiesto las tensiones inherentes en escenarios de movilización social. Especialistas en investigación periodística, citados en fuentes como investigaciones académicas y prensa nacional, subrayan la importancia de la veracidad, la verificación de fuentes y el rigor informativo para preservar la confianza pública y evitar malentendidos en contextos de múltiples versiones. En ese sentido, la Procuraduría ha manifestado públicamente que llevará a cabo todas las pruebas y procedimientos necesarios para esclarecer los hechos y establecer las correspondientes responsabilidades.

Por otro lado, la reciente movilización expone, según expertos en política urbana y organizaciones gremiales, el trasfondo de inconformidad con la gestión de la movilidad en Bogotá. Las críticas apuntan a la aparente falta de soluciones frente a la congestión, el transporte y la regulación, lo que se traduce en protestas que, aunque cada vez menos concurridas, reiteran la exigencia de medidas integrales y respuesta institucional a problemáticas estructurales. El caso del concejal Forero, por tanto, se sitúa en la intersección entre el derecho a la protesta, la vigilancia de la conducta de los funcionarios públicos y la necesidad de diálogo en la ciudad.

Finalmente, lo ocurrido invita a reflexionar sobre el compromiso ético de las autoridades y la importancia de su actitud frente a la prensa y la ciudadanía. En una democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información requieren de líderes que privilegien el respeto y el consenso, dejando de lado actitudes que puedan exacerbar el conflicto social. El seguimiento de la Procuraduría, como órgano de control, es fundamental para asegurar la transparencia y la confianza en las instituciones mientras avanza la investigación disciplinaria a Forero y otros funcionarios.

¿Qué ocurre cuando un concejal es investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación?

Cuando un concejal es sometido a investigación disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, se activa un proceso formal cuyo objetivo es determinar si existieron faltas al Código Disciplinario Único. Este procedimiento implica la recolección de pruebas, toma de declaraciones y análisis detallado de los hechos. No se trata de un proceso penal, sino administrativo, que puede derivar en sanciones como amonestaciones, suspensiones o, en casos más graves, la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La Procuraduría cumple un papel clave como órgano de control y vigilancia de los servidores públicos, buscando garantizar que su conducta esté alineada con los valores éticos y legales del país. Entre sus funciones, está la protección de los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones democráticas, razón por la cual este tipo de investigaciones son parte esencial del sistema de pesos y contrapesos institucionales.

¿Por qué la relación entre funcionarios públicos y periodistas es relevante en escenarios de protesta?

La relación entre funcionarios y periodistas en medio de protestas adquiere especial importancia por el impacto que puede tener no solo en el acceso a la información veraz, sino en la protección de derechos fundamentales. En contextos de alta tensión social, el respeto mutuo facilita el cubrimiento informativo y ayuda a evitar actos de violencia o intimidación, protegiendo tanto a los comunicadores como a los propios manifestantes.

El intercambio respetuoso contribuye a que las versiones de los hechos sean comunicadas sin distorsiones ni presiones indebidas. Además, permite que las instituciones estatales proyecten transparencia y garanticen la rendición de cuentas, dos pilares esenciales para fortalecer la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en los procesos de deliberación pública.