"Lo deformaron": presidente de Fecode, ácido contra el Gobierno por ley estatutaria

Desde primeras horas del día, cientos de profesores asociados a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se tomaron las calles en varias ciudades para manifestarse en contra de la ley que salió del Gobierno de Gustavo Petro.

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Las protestas de los maestros radican desde el deseo del Ministerio de aprobar esa modificación antes del 20 de junio, día en el que acaba la legislatura. En ese sentido, el presidente de Fecode Domingo Ayala, habló en exclusiva con Pulzo y dejó ver su molestia por la ley que, según su criterio, perjudicaría la educación pública en el país.

Ayala manifestó que este “paro nacional permanente a partir de hoy” es una manera de rechazar el “proyecto de ley que nació por iniciativa de Fecode en concertación con el Gobierno y otros sectores” del país y que fue modificado, hecho que no les gustó a los docentes.

El dirigente argumentó que la propuesta inicial “al llegar a la Comisión Primera del Senado”, los legisladores “prácticamente, con una enmienda la deformaron” y dieron el paso para que “hoy se vea introducida la privatización” de la educación en Colombia.

Desde Fecode estiman que ese cambio serviría para “tomar recursos públicos para los privados” y estimularían la utilización de “bonos para que estudiantes de colegios públicos tengan que moverse a instituciones privadas”, propuesta que dejó en el aire la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, argumentan los maestros.

Ayala manifestó que ese “proyecto lesiona la educación” en el país y que ese cambio educativo de “derecho fundamental a esencial” podría ser riesgoso en la modalidad virtual, misma que estaría afectando a los profesores y estudiantes, según dijo.

Así mismo, la senadora Jennifer Pedraza le dijo a Pulzo que la marcha pretende poner en relieve la ley “que pactaron a puerta cerrada” los congresistas del Pacto Histórico y del Centro Democrático y que busca privatizar la educación, porque cogen “la plata de los impuestos” de los ciudadanos para “dársela a las universidades privadas”.