¿Integración real o retórica? Los retos y oportunidades de la Bogotá-Cundinamarca del 2038

La Oficina de Integración Regional de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá ha comenzado una nueva fase en el proceso de consolidación de la integración territorial con Cundinamarca, al participar activamente en los encuentros provinciales del Comité de Integración Territorial (CIT), organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. El propósito central de estas iniciativas es avanzar hacia una estrategia conjunta de desarrollo con miras al año 2038, capaz de articular los intereses y las potencialidades de la capital con sus municipios vecinos. Sin embargo, más allá de los propósitos declarados, existe una preocupación legítima sobre si estas acciones lograrán afrontar los desequilibrios estructurales y las tensiones históricas que han caracterizado la relación Bogotá-región.

La diversidad productiva de Cundinamarca ha quedado plasmada en la identificación de sectores estratégicos: agricultura, ganadería, agroindustria, turismo, comercio, servicios inmobiliarios, logística, economía circular, así como ciencia, tecnología e innovación. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023), Cundinamarca genera el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. No obstante, este peso económico convive con marcadas desigualdades internas; mientras zonas como Soacha enfrentan altos niveles de vulnerabilidad social, otras como Chía evidencian un dinamismo destacado. La construcción de políticas públicas, por tanto, requiere de enfoques territoriales diferenciados que superen la mera coordinación interinstitucional tradicional.

Los proyectos de infraestructura, como el Regiotram de Occidente, la expansión del Aeropuerto El Dorado y la edificación de intercambiadores modales, se han presentado como elementos transformadores clave. No obstante, la realidad es compleja. El Regiotram, que promete unir Facatativá y Bogotá, ha sufrido retrasos y sobrecostos, de acuerdo con reportes de El Espectador (marzo, 2025). Además, surgen desafíos ambientales que, según funcionarios de la Corporación Autónoma Regional (CAR), no han sido plenamente incorporados en la agenda pública metropolitana, lo que refleja vacíos en la inclusión de perspectivas ambientales en los procesos de planeación.

El fortalecimiento de sectores como la economía circular y la innovación depende, en buena medida, de la expansión y mejora del acceso a la educación técnica y superior. Estudios de la Universidad Nacional de Colombia (2024) señalan la concentración de la oferta educativa en Bogotá frente a la carencia de infraestructura adecuada y conectividad digital en municipios como Fusagasugá y Soacha. Esta brecha educativa limita severamente la materialización de los objetivos propuestos por el CIT y demanda inversiones dirigidas a descentralizar y diversificar la formación profesional en la región.

En términos de participación ciudadana, persiste un contraste entre la incorporación formal de propuestas colectivas y una baja percepción real de influencia por parte de la sociedad civil. Un reportaje de La Silla Vacía (febrero, 2025) evidencia la insuficiencia de mecanismos efectivos en la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC) y la limitada difusión de estos entre la ciudadanía. Esta situación obstruye la consolidación de una gobernanza inclusiva y robusta, al tiempo que prolonga la desconfianza de comunidades históricamente marginadas.

La experiencia internacional sugiere que, más allá de acuerdos administrativos, son clave las prácticas de transparencia y la existencia de bases de datos accesibles para el público. En contraste, en el contexto local aún se echa en falta una plataforma única que permita hacer seguimiento a los compromisos del CIT y que potencie la rendición de cuentas en la gestión de los proyectos estratégicos (The Guardian, 2024). Ello impacta la posibilidad de evaluar y ajustar efectivamente las políticas de integración.

Aunque la firma de acuerdos y la entrega de insumos técnicos al Plan Estratégico Regional Metropolitano (PERM) constituyen avances significativos, queda claro que el proceso requiere superar el centralismo bogotano, fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los municipios y priorizar la inversión en educación, salud e iniciativas de sostenibilidad ambiental. De lograrlo, se podrán generar condiciones para una verdadera integración, donde los beneficios sean tangibles para todos los habitantes de la región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca.

¿Qué significa economía circular en el contexto de la integración regional?

La pregunta sobre la economía circular surge por su relevancia en los lineamientos de desarrollo regional planteados por el CIT. Este modelo busca reducir el desperdicio, reutilizar materiales y recircular recursos productivos, diferente al paradigma económico tradicional de “usar y desechar”. Aplicada a la región Bogotá-Cundinamarca, la economía circular implica transformar procesos industriales, agrícolas y urbanos para aprovechar los residuos como insumos productivos y fomentar la sostenibilidad ambiental. Su implementación puede representar una oportunidad para cerrar ciclos productivos en los sectores identificados y diversificar la economía local.

Además, la economía circular ofrece potencial para fortalecer la innovación regional, pero solo será efectivo si va acompañado de inversión en infraestructura, educación técnica y la creación de marcos regulatorios claros. Así, la integración regional deberá garantizar formación, incentivos y espacios de colaboración entre empresas, gobiernos y comunidades para consolidar este enfoque dentro del desarrollo sostenible.

¿Cómo pueden las comunidades participar de manera más efectiva en la gobernanza metropolitana?

La inquietud sobre la participación social responde a la brecha identificada entre las instancias formales de representación ciudadana y su efecto real en la toma de decisiones metropolitanas. De acuerdo con el reportaje de La Silla Vacía, la limitada difusión y alcance de los mecanismos actuales impide la incidencia significativa de la sociedad civil en asuntos fundamentales de integración. Estos retos sugieren la necesidad de crear canales más amplios y accesibles que faciliten la consulta, el seguimiento y la auditoría ciudadana de los grandes proyectos regionales.

Estimular la participación implica fortalecer la transparencia, la comunicación y el control social sobre los procesos de planeación y ejecución. Para ello, resulta prioritario implementar plataformas de participación digital, así como foros presenciales descentralizados, en los que la comunidad pueda expresar necesidades y evaluar el desempeño institucional, logrando con ello una gobernanza efectiva e inclusiva para la Bogotá-Cundinamarca del futuro.