Bogotá se prepara para corte de agua de hasta 27 horas: cómo afectará a barrios y qué recomienda la EAAB

El próximo jueves 21 de agosto de 2025, Bogotá y varios municipios cercanos experimentarán cortes temporales de agua como parte de un programa de mantenimiento ejecutado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Esta medida preventiva responde a la necesidad de evitar daños mayores en la infraestructura, optimizar el suministro hídrico y garantizar la continuidad del servicio en una ciudad caracterizada por su acelerado crecimiento. Según la EAAB, los cortes pueden extenderse hasta 27 horas en algunas áreas, por lo que hace un llamado a los usuarios para almacenar agua con anticipación, hacer un uso racional y, en caso necesario, utilizar carrotanques dispuestos para lugares críticos como hospitales y entornos de alta concentración de personas.

Este operativo se inscribe dentro de los retos estructurales que enfrentan las infraestructuras urbanas en grandes áreas metropolitanas. De acuerdo al informe sobre gestión del agua en ciudades elaborado por el Banco Mundial, la renovación continua de redes envejecidas es crucial para prevenir fugas, contaminación y pérdidas económicas. Bogotá, bajo la gestión de la EAAB, debe abastecer agua a cerca de 10 millones de habitantes distribuidos en 20 localidades, una labor que implica complejidades logísticas y técnicas significativas, sobre todo en una urbe que no deja de expandirse.

Las localidades afectadas incluyen Chapinero, Usaquén, Kennedy, Puente Aranda, Usme y Ciudad Bolívar, zonas que comprenden desde barrios residenciales de clase media y alta como Chicó Norte y Santa Bibiana, hasta sectores de alta densidad y bajos ingresos en Kennedy y Ciudad Bolívar. Según información de la Alcaldía de Bogotá, el impacto de los cortes puede ser especialmente severo en las comunidades de menor estrato socioeconómico, donde el acceso limitado al recurso durante varias horas acrecienta la vulnerabilidad y destaca la necesidad de equidad en el acceso a servicios básicos. Esta preocupación se encuentra alineada con el concepto de “justicia hídrica” promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que subraya la importancia de garantizar una distribución justa, segura y sostenible del agua en contextos urbanos latinoamericanos.

Los costos sociales de estas interrupciones también atañen a la salud pública. Estudiosos publicados en la revista “Water Research” han advertido que las suspensiones, aunque temporales, pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con la calidad del agua, particularmente si las familias recurren a fuentes alternas no reguladas. Como respuesta, la EAAB ha implementado protocolos especiales para abastecer con carrotanques a hospitales y zonas de alta demanda, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la gestión de emergencias en servicios esenciales.

La intensificación de estos trabajos debe entenderse también en el marco de la modernización ante los desafíos climáticos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha advertido sobre la variabilidad climática que impacta la región, lo que obliga a fortalecer la resiliencia del sistema hídrico. La instalación de nuevos dispositivos para monitoreo en tiempo real y la realización de empates estratégicos en la red buscan hacerla más eficiente y responder mejor ante fenómenos extremos como sequías o lluvias torrenciales.

Frente a este escenario, la EAAB recomienda prácticas preventivas: llenar tanques antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y priorizar sus usos más esenciales. Estas recomendaciones refuerzan la importancia de una comunicación oportuna y precisa entre autoridades y ciudadanía, como señalan expertos de la Fundación Gabo y especialistas en divulgación de servicios públicos.

No obstante, la frecuencia y necesidad de este tipo de intervenciones invitan a una reflexión sobre el ritmo de inversión en infraestructura y la capacidad de planificación de las autoridades. En América Latina, reportajes de medios reconocidos como The New York Times o El Espectador han documentado las consecuencias graves de la falta de inversión, que pueden derivar en crisis hídricas y amplificar desigualdades sociales y económicas.

En conclusión, los cortes de agua previstos no solo buscan proteger la infraestructura urbana de Bogotá, sino que ponen de relieve la urgente necesidad de avanzar hacia una gestión integral, transparente y equitativa, que vincule dimensiones técnicas, sociales y ambientales. Solo así se podrá garantizar el acceso sostenible al agua y afrontar los desafíos de una ciudad cada vez más dinámica y vulnerable al cambio climático.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué alternativas tiene la ciudadanía si no puede almacenar suficiente agua antes del corte?

El acceso a agua potable durante cortes prolongados es una preocupación central, especialmente para hogares en donde el almacenamiento es limitado por falta de espacio o capacidad económica. Por ello, la EAAB dispone de carrotanques que abastecen principalmente hospitales, centros de alta concentración y casos especialmente vulnerables, un protocolo respaldado por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es fundamental que los ciudadanos se informen en fuentes oficiales para conocer los puntos de distribución y cómo acceder a estos recursos en su sector.

Este tipo de alternativas no solo requieren logística eficiente, sino también información clara y oportuna para que los afectados puedan acceder al agua en casos de necesidad extrema. La comunicación fluida entre las autoridades y la población asegura que las medidas de mitigación sean efectivas y que nadie quede desprotegido durante las horas críticas del corte temporal, minimizando los riesgos sanitarios asociados.

¿En qué consiste la “justicia hídrica” y por qué es clave en intervenciones urbanas?

“Justicia hídrica” es un principio promovido por organismos como la ONU para garantizar que todas las personas, independientemente de su localización geográfica o situación económica, accedan a servicios de agua y saneamiento de calidad. En contextos urbanos desiguales como Bogotá, la justicia hídrica implica diseñar políticas y operativos que prioricen zonas vulnerables y combatan brechas históricas en el acceso al recurso, especialmente durante situaciones de emergencia o mantenimiento.

Aplicar este enfoque es fundamental para que los planes de mejora y las interrupciones de servicio no profundicen la desigualdad, sino que contribuyan a reducirla a través de estrategias focalizadas y participativas. La evidencia recopilada en informes internacionalmente validados subraya que solo mediante políticas equitativas puede garantizarse un desarrollo sostenible y resiliente en las grandes ciudades.