Redadas de ICE, muertes en protestas y el caso de Liam: Mineápolis desafía las políticas migratorias de Trump

Las redadas efectuadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúan suscitando indignación y protestas en diversas ciudades del país. La situación alcanzó un punto crítico cuando se dio a conocer el caso de Liam Conejo, un niño ecuatoriano de tan solo cinco años, quien permaneció casi dos semanas junto a su padre en un centro de detención como parte de las recientes operaciones. Este hecho, ampliamente divulgado, ha colocado un rostro visible a las políticas migratorias impulsadas bajo la administración de Donald Trump, despertando tensiones sociales y provocando una oleada de movilizaciones ciudadanas.

En particular, Mineápolis se ha convertido en uno de los epicentros de las protestas. Miles de ciudadanos han tomado las calles tras la muerte a tiros de dos reconocidos activistas, Renee Good y Alex Pretti, durante intervenciones de agentes federales. La presión social se intensificó después de estos hechos, catalizando una jornada nacional de acción denominada “apagón nacional”, organizada por entidades defensoras de los derechos de los migrantes. La participación de figuras públicas como el músico Bruce Springsteen, quien dedicó una canción a la memoria de las víctimas durante una de las movilizaciones, contribuyó a aumentar la visibilidad del problema.

La respuesta también vino desde los gobiernos estatales y locales. Las autoridades demócratas de Minesota, estado donde se ubica Mineápolis, respaldaron las manifestaciones y reiteraron el carácter de ciudad santuario de Mineápolis, destacando su negativa a colaborar de manera directa con las agencias federales responsables de la lucha contra la inmigración irregular. Según reportes recogidos por la AFP, esta postura forma parte de una tensión persistente entre las políticas centrales y las administraciones locales, que buscan reducir el impacto de las redadas sobre las comunidades migrantes.

Las repercusiones de estas acciones no se han limitado a Estados Unidos. En Italia, también se constataron manifestaciones frente a la inminente presencia de ICE en los próximos Juegos Olímpicos de invierno en Milán. Esta dimensión internacional subraya la trascendencia del tema y la preocupación extendida respecto al accionar de la agencia.

Ante la conmoción por las muertes de los dos activistas, el presidente Trump declaró una supuesta “desescalada” en las operaciones, removiendo al comandante de la Patrulla Fronteriza responsable en Mineápolis. Sin embargo, tras la difusión de un video mostrando a Alex Pretti en enfrentamientos previos con los agentes, Trump endureció nuevamente su discurso y describió a Pretti como un “agitador”. Pam Bondi, la fiscal general, inicialmente tildó a los activistas de “terroristas”, aunque más tarde anunció cargos contra Don Lemon, periodista y ex presentador de CNN, por su participación y cobertura en protestas dentro de una iglesia de Saint Paul. Lemon fue acusado de conspiración para interferir con los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión y religión.

El arresto de Lemon, difundido por diversos medios estadounidenses, generó repudio en organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y motivó el pedido de su liberación por parte de figuras políticas, incluyendo a Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes. Tras salir en libertad, Lemon subrayó la importancia del periodismo independiente en contextos de tensión política. Mientras tanto, las investigaciones sobre la muerte de Alex Pretti avanzan de la mano del Departamento de Justicia, que ha iniciado una pesquisa bajo el enfoque de derechos civiles.

¿Cuál es el significado de “ciudad santuario” y por qué Mineápolis se identifica de ese modo?

El término “ciudad santuario” se refiere a aquellas ciudades estadounidenses que implementan políticas limitando la colaboración de sus autoridades locales con agencias federales de migración, como el ICE. Esto significa que la policía y otras entidades municipales optan por no entregar información sobre el estatus migratorio de los residentes a los funcionarios federales, con el objetivo de proteger a la comunidad migrante de detenciones y deportaciones masivas.

En el contexto actual, Mineápolis ha destacado por mantener este enfoque, negándose a cooperar directamente con las autoridades federales en la detención de inmigrantes irregulares. Esta política es relevante porque busca brindar un nivel de seguridad a los migrantes para que puedan vivir y trabajar en la ciudad sin temor a ser arrestados únicamente por su estatus migratorio, en un momento de marcado conflicto entre las normativas federales y locales respecto al manejo de la inmigración en Estados Unidos.