Estados Unidos en vilo: muerte de activista por ICE desata protestas masivas y cuestiona el rol federal

Las recientes acciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han encendido un intenso debate sobre las tácticas federales en el contexto migratorio de Estados Unidos, desatando multitudinarias protestas en diversas ciudades. Uno de los detonantes fue la muerte de la activista Renee Good, de 37 años, a manos de un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis; la gravedad del incidente suscitó recriminaciones inmediatas respecto al uso proporcional de la fuerza y provocó una ola de manifestaciones. Paralelamente, en Portland (Oregon), un despliegue del Border Patrol federal dejó al menos dos heridos más, hechos que han amplificado la indignación ciudadana respecto a la presencia y actuación de fuerzas migratorias federales.

Frente a estos hechos, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y grupos civiles iniciaron la campaña “ICE Out For Good”, convocando a más de mil protestas distribuidas por todo el territorio estadounidense. La movilización se ha convertido en un llamado nacional a la limitación de la injerencia del ICE en comunidades locales, repudiando lo que consideran una militarización excesiva y una falta de controles independientes sobre los procedimientos de los agentes federales en territorio civil.

La noche del 10 de enero de 2026, la tensión se trasladó al centro de Minneapolis, donde una multitud se congregó frente al Hilton Canopy Hotel creyendo que agentes involucrados en el operativo letal se alojaban allí. Según reportes de la prensa y autoridades citados por Crónica del Quindio y medios locales, la situación escaló con intentos de ingreso de manifestantes al recinto, lanzamiento de objetos y daños menores a la propiedad, lo que llevó a la policía a declarar la manifestación ilegal, ordenar la dispersión y detener o citar a varios participantes por desórdenes.

Esta protesta es vista como parte de un conflicto recurrente entre comunidades civiles y fuerzas federales, pues numerosos testimonios ciudadanos y videos publicados sostienen que la respuesta letal del ICE no fue justificada. El ambiente está marcado por una desconfianza creciente y la percepción de que incidentes como la muerte de Good son evidencia de una actitud confrontativa y carente de transparencia por parte de agencias federales.

En otras metrópolis como Nueva York, cientos de manifestantes recorrieron la ciudad en marchas que exigían tanto justicia para las víctimas como el desmonte de políticas migratorias agresivas. Portando pancartas que rezan consignas como “ICE out! Feds out!” y “Whose streets? Our streets!”, demandan un replanteamiento del rol del ICE y la protección de derechos fundamentales. Según informes de Crónica del Quindio, Portland también fue escenario de fuertes críticas contra la violencia policial, con seis arrestos en el contexto de protestas y pronunciamientos de líderes locales solicitando investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza.

Estos episodios se inscriben en una ola de movilizaciones que crece desde 2025, caracterizada por lemas como “No Kings”, expresión del malestar ante lo que se percibe como una tendencia autoritaria en la administración federal, incluyendo medidas como la presencia de la Guardia Nacional y el repliegue de operaciones migratorias. El trasfondo político y social deja ver que la polarización está lejos de aplacarse, ya que buena parte de la ciudadanía reclama límites más claros a la actuación federal y que se garanticen estándares de respeto a los derechos humanos y civiles.

¿Qué acciones están pidiendo los manifestantes tras estos operativos?
Tras los recientes episodios de violencia, las organizaciones civiles y defensores de los derechos de los inmigrantes han centrado sus demandas en la retirada del ICE de las comunidades locales. Reclaman la instauración de investigaciones independientes que supervisen el comportamiento de los agentes federales en los operativos y buscan que se ponga fin al uso de la fuerza desproporcionada contra civiles, especialmente en contextos en los que no representan una amenaza inmediata. Según cobertura de Crónica del Quindio, los manifestantes argumentan que las redadas migratorias y la militarización de los operativos refuerzan un clima de miedo en sectores vulnerables y exigen mayor transparencia institucional para evitar abusos futuros.