Cadena perpetua en EE.UU. para hombre que abusó y grabó a menores en Colombia: así cayó en Miami

Manuel Poceiro, un ciudadano estadounidense de 69 años residenciado en Miami, fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos tras ser hallado culpable de participar en delitos graves relacionados con la explotación sexual de menores, que conoció durante viajes a Colombia. La sentencia se dictó luego de que Poceiro admitiera ante la justicia los cargos de intento de coacción y seducción de un menor para que participara en actividades sexuales, intento de producción de pornografía infantil y posesión de imágenes que documentan la explotación sexual de niños, según datos dados a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense y citados por Noticias Caracol Digital.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, representante del Distrito Sur de Florida, enfatizó la magnitud de estos crímenes y la importancia de la condena. En declaraciones recogidas por Noticias Caracol Digital, el fiscal destacó que Poceiro "viajó al extranjero para depredar a niños, grabó su abuso e intentó ocultar sus crímenes detrás de fronteras y transferencias de dinero". Reding subrayó el carácter ejemplar de la pena y advirtió que quienes cometan delitos similares en cualquier parte del mundo enfrentan el mismo destino jurídico.

La investigación judicial reveló detalles sobre el desarrollo de los hechos. El 6 de febrero de 2024, Poceiro se encontró con una persona a la que creyó capaz de ayudarle a trasladar y lavar dinero vinculado al narcotráfico; durante ese encuentro, mostró al interlocutor diversas imágenes y videos de menores víctimas con quienes había sostenido actos sexuales en territorio colombiano. Según los registros citados, Poceiro fue el responsable de grabar gran parte de este material.

Al regresar a Miami, el 2 de febrero de 2025, Poceiro fue objeto de una inspección secundaria en el Aeropuerto Internacional de Miami tras arribar desde República Dominicana. Durante el control, las autoridades hallaron en su teléfono móvil decenas de archivos clasificados como material de abuso sexual infantil, también conocido por sus siglas en inglés como CSAM (Child Sexual Abuse Material).

Los análisis forenses hechos posteriormente a los dispositivos electrónicos de Poceiro permitieron identificar que, al menos, cinco menores de edad fueron víctimas de estas acciones. Además, los registros judiciales indican que el acusado mantuvo conversaciones de índole sexual con una víctima entre 14 y 16 años a través de mensajes en una aplicación digital, llegando incluso a solicitarle material sexualmente explícito.

La investigación también sacó a la luz el esquema económico del caso: Poceiro realizó varios pagos a través de un servicio de envíos de dinero a intermediarios en Colombia, quienes recibieron transferencias en nombre de las víctimas debido a su minoría de edad. De acuerdo con lo resuelto, la jueza federal Jacqueline Becerra estuvo a cargo de dictar la sentencia definitiva.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó este caso dentro del Proyecto Infancia Segura (Project Safe Childhood), una estrategia nacional impulsada desde 2006 que aúna recursos de distintas instancias legales y policiales para identificar, detener y juzgar a responsables de la explotación sexual infantil, así como rescatar a sus víctimas. El programa, dirigido por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS), refuerza la cooperación tanto a nivel local como internacional ante estos crímenes.

¿Qué es el material de abuso sexual infantil (CSAM) y por qué es tan grave su producción y posesión?

El material de abuso sexual infantil, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés CSAM (Child Sexual Abuse Material), comprende imágenes, videos y otros archivos digitales que muestran actos sexuales explícitos en los que participan menores de edad. La producción, distribución y posesión de estos materiales constituye un grave delito, ya que implica la revictimización permanente de los niños afectados, cuyos derechos y bienestar resultan vulnerados cada vez que el material es visualizado o compartido.

La lucha contra el CSAM ha sido priorizada en instrumentos legales y en proyectos como Proyecto Infancia Segura, citado en este caso, ya que la proliferación de estas imágenes a través de réplicas digitales y redes globales dificulta el control y causa un daño continuo a las víctimas. Por esta razón, los sistemas judiciales y policiales internacionales refuerzan cada vez más los mecanismos de cooperación y persecución penal para erradicar estos delitos.