Procuraduría asume control total en denuncias de acoso sexual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid tras disturbios

La Procuraduría General de la Nación ha declarado que dará prioridad especial a la atención de denuncias de acoso sexual ocurridas en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín. Esta disposición fue anunciada oficialmente el 28 de diciembre y responde a los recientes disturbios acontecidos el 9 de diciembre en dicha institución educativa, los cuales, según se presume, estarían vinculados a inquietudes sobre la gestión de los procesos disciplinarios derivados de denuncias con contenido sexual.

El episodio de violencia se hizo visible cuando un grupo de encapuchados prendió fuego a una oficina interna de la universidad. Según relató el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de la red social X, se trató de un grupo minoritario de unas diez personas que perpetraron el acto, que él calificó de terrorismo. Gutiérrez subrayó que situaciones como ésta afectan a la mayoría de la comunidad estudiantil y reiteró sus advertencias sobre la gravedad del hecho, rechazando enérgicamente la violencia dentro del campus universitario.

La Procuraduría informó, en el contexto de la Circular 06 de 2025, que ejercerá el poder preferente, es decir, asumirá directamente la revisión y trámite de este caso específico para indagar y corregir posibles inconsistencias en la gestión de los procesos de acoso sexual, particularmente en el ámbito laboral de la institución pública. Como parte de estas acciones, se solicitó información detallada al Politécnico sobre la existencia de procedimientos disciplinarios que se encuentren en etapa de juzgamiento.

En la respuesta institucional, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid confirmó que actualmente tramita un proceso de estas características, sobre el cual ya se emitió un fallo de primera instancia. Estos hechos ocurrieron el mismo día en el que debía realizarse la posesión de Haver González Barrero como nuevo rector para el periodo 2025-2029, proceso que adelantó el Consejo Directivo.

El incendio provocado afectó principalmente la oficina objetivo, consumiendo muebles, enseres y documentos importantes de la universidad. A pesar de la magnitud del incidente, la institución comunicó que ninguna persona resultó herida. En su pronunciamiento oficial, el Politécnico reiteró el rechazo de las vías de hecho, al considerarlas contrarias a los valores institucionales, los cuales se centran en el respeto, la convivencia pacífica y la protección del bienestar colectivo. Así mismo, se alentó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a informarse únicamente a través de los canales oficiales, para evitar la desinformación y preservar la tranquilidad institucional, según datos publicados por la propia universidad.

La gestión oportuna y adecuada de estos procesos disciplinarios es crucial para restaurar la confianza de la comunidad educativa y garantizar que las denuncias de acoso sexual sean tramitadas dentro de los marcos legales establecidos. Esto, a juicio de los comunicados oficiales, refuerza el compromiso de las autoridades con la transparencia y la legalidad en una situación que ha puesto en alerta tanto a los entes de control como a la opinión pública.

¿Qué implica que la Procuraduría General de la Nación ejerza “poder preferente” en un caso?
La expresión “poder preferente” utilizada por la Procuraduría General de la Nación se refiere a la facultad otorgada por la ley a este ente de control para asumir directamente la investigación y el trámite de procesos disciplinarios, desplazando a las instancias ordinarias o internas de la entidad involucrada. Normalmente, los procedimientos disciplinarios se llevan a cabo al interior de las propias instituciones; sin embargo, cuando se detectan posibles irregularidades, la Procuraduría puede intervenir y tomar el control total del caso, con el objetivo de garantizar independencia, transparencia y rigor en la revisión de los hechos y en la protección de los derechos de las partes implicadas. Este mecanismo se aplica principalmente en casos en los que se ponen en entredicho la imparcialidad o eficacia de las instancias internas.

El uso del poder preferente es un instrumento relevante para consolidar la confianza de la sociedad en las instituciones y asegurar que situaciones delicadas, como las denuncias de acoso sexual en el entorno laboral y educativo, sean abordadas con la máxima diligencia y responsabilidad por parte de las autoridades competentes.

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