Crimen en Medellín: Fiscalía llama a juicio a “Costeño” y “Chipi” por asesinato de mexicano y magnicidio

En la mañana del miércoles 19 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación anunció la acusación formal en contra de Elder José Arteaga Hernández, conocido como “Costeño” o “Chipi”, y David Acosta Díaz, debido a su presunta implicación en el asesinato de un ciudadano mexicano en Medellín. El crimen, que tuvo lugar el 30 de junio de 2024 en el barrio El Poblado, vinculó a ambos hombres como responsables de planear y ejecutar el ataque a tiros que acabó con la vida del extranjero de 54 años mientras se encontraba en un establecimiento comercial de la ciudad, según reportó la Fiscalía y recogió El Espectador. De acuerdo con el ente acusador, la víctima recibió al menos ocho disparos, en un suceso que conmocionó a la opinión pública local.

La investigación señala que, el día previo al hecho, Arteaga Hernández y Acosta Díaz viajaron desde Bogotá hasta Medellín para coordinar los detalles de la acción criminal. La Fiscalía, con base en sus pesquisas, afirma que ambos presuntamente organizaron la logística y ejecutaron el plan, finalizando con el asesinato conforme a lo pactado entre ellos. Tras las indagaciones, ambos deberán enfrentar un juicio en el cual responderán por los cargos de homicidio agravado y por la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, sus accesorios, partes o municiones agravados. Hasta el momento, ninguna de las dos personas ha aceptado los cargos, lo que implica que el proceso judicial continuará su curso regular.

En relación con este mismo caso, el organismo judicial también procesó a otras personas involucradas, quienes optaron por colaborar con las autoridades. Antonio Rafael Herrera Escobar fue sentenciado a 25 años de prisión por su participación en la planeación del homicidio, mientras que Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón aceptaron acuerdos de cooperación, recibiendo condenas de 18 años de prisión cada uno. Este tipo de preacuerdos con la Fiscalía busca incentivar la colaboración en la investigación y esclarecer la totalidad de los hechos ocurridos.

No obstante, este proceso judicial no es el único que afronta alias “Costeño” o “Chipi”. Permanece bajo detención preventiva debido a otra acusación: su presunta autoría en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien finalmente falleció el 11 de agosto tras haber sido gravemente herido el 7 de junio de 2025. Según la Fiscalía, Arteaga Hernández habría estructurado la logística del magnicidio y contactado al menor de 15 años que perpetró el ataque, además de mantener lazos con Simeón Pérez Manrique, alias “el Viejo”, señalado como intermediario entre los determinadores del crimen.

Por su parte, David Acosta Díaz también se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Acacías, en el departamento de Meta, debido a otro proceso penal en curso en su contra, lo que evidencia una trayectoria delictiva relevante de los acusados. Todas estas acciones judiciales han sido documentadas y reportadas principalmente por El Espectador, medio reconocido en Colombia por el seguimiento exhaustivo de los temas de justicia, seguridad y derechos humanos.

¿Cómo se desarrollan los procesos de colaboración con la Fiscalía en casos de homicidio?

Este tema cobra importancia porque, en situaciones complejas como homicidios planeados, la Fiscalía General de la Nación suele establecer preacuerdos con colaboradores que aportan información esencial para clarificar los hechos y judicializar a los responsables. La figura del preacuerdo permite reducir condenas a cambio de confesiones o delaciones, lo que acelera el esclarecimiento y posibilita sancionar a quienes direccionan o ejecutan crímenes, maximizando el alcance de la investigación. De este modo, los acuerdos de colaboración constituyen una herramienta clave para combatir la criminalidad organizada y garantizar que no solo los autores materiales, sino también los determinadores, respondan ante la justicia.

Asimismo, este mecanismo incentiva a los partícipes en delitos graves a colaborar, lo que contribuye a una justicia más eficiente. En la noticia reseñada, varios involucrados lograron reducir sus penas gracias a preacuerdos, evidenciando cómo la Fiscalía recurre a esta modalidad para robustecer sus investigaciones y llegar a conclusiones más sólidas sobre los autores y la estructura detrás de homicidios complejos.