¿Te alcanzará el presupuesto en 2026? Así impactan el alza del salario mínimo e inflación en tu bolsillo

El año 2026 marcará un punto de inflexión para la economía de los hogares colombianos, estableciendo una dinámica en la que el alza del salario mínimo, estimada en torno al 23 %, y una inflación que cerró en 5,10 % en 2025, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incidirán ampliamente en el costo de vida. Este fenómeno desencadenará ajustes automáticos en diferentes ámbitos, desde bienes y servicios, hasta tarifas y tributos, incrementando la presión sobre el presupuesto familiar.

La estructura de estos incrementos se explica porque tanto el IPC anual como el salario mínimo sirven de referencia para determinar los aumentos en múltiples sectores. Para 2026, el efecto es particularmente intenso, dadas las dimensiones del ajuste salarial y el hecho de que la inflación rebasó la meta del 3 %, fijada por el Banco de la República.

Uno de los sectores donde el impacto será inmediato es la educación. De acuerdo con los parámetros del IPC, las matrículas escolares y universitarias aumentarán aproximadamente un 5,10 %, lo que obliga a las familias con hijos en etapa académica a dedicar una mayor proporción de su ingreso a este rubro. Por otro lado, los costos relacionados con la movilidad experimentarán una notable escalada: peajes y pasajes intermunicipales, cuyo incremento podría superar el 25 %, se ven afectados tanto por el ajuste salarial como por el encarecimiento de insumos.

El transporte público y de carga, a su vez, sufrirá por el aumento en los precios del combustible, ajustados desde el primer día del año, lo que finalmente incide en el valor de los alimentos y otros bienes esenciales. En el ámbito de la vivienda, los arrendamientos urbanos y las cuotas de administración para conjuntos residenciales y copropiedades también subirán, con máximos del 5,10 % y 23 %, respectivamente, dependiendo de si se indexan al IPC o al salario mínimo.

Servicios como vigilancia y aseo elevan considerablemente los cobros de administración, afectando a más del 60 % de las familias en propiedad horizontal, incluidas aquellas cuyos ingresos no dependen del salario mínimo. Además, artículos como la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se verán impactados, debido a que su valor está vinculado al salario mínimo, obligando a quienes escrituren en 2026 a asumir precios superiores incluso si comenzaron el trámite el año anterior.

Adicionalmente, el ajuste en las tarifas de servicios públicos como agua, energía y gas, enmarcado en el IPC, amplifica el gasto mensual de los hogares. Junto a esto, las pensiones superiores al mínimo se incrementan con el IPC, aunque estos aumentos rápidamente se ven absorbidos por el resto de los incrementos de precios. Los trabajadores independientes que cotizan mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) también enfrentan mayores costos mensuales, reclamando atención a sus finanzas personales.

En el área tributaria, destacan las nuevas alzas en el IVA sobre licores, vinos, y juegos de azar en línea, pasando al 19 %, así como aumentos en impuestos al tabaco y límites para importaciones exentas. En paralelo, se introduce una tasa patrimonial de hasta el 5 % para los mayores ingresos. El aumento del salario mínimo ejerce asimismo una presión considerable sobre los costos empresariales, sobre todo en los sectores de vigilancia, hotelería y construcción, donde el componente laboral es significativo y el ajuste puede alterar la planificación financiera, como lo ejemplifican las cifras citadas sobre el costo mensual de un puesto de vigilancia privada.

En suma, aunque el aumento del salario mínimo brinda un alivio relativo, la sumatoria de incrementos erosiona la capacidad de ahorro y complica la gestión del ingreso doméstico. Las familias colombianas deberán afrontar un año marcado por mayores demandas sobre su presupuesto, demandando cautela y adaptación ante el complejo panorama económico.

¿Cómo afectan estos incrementos al acceso a la educación y la vivienda?

El aumento en las tarifas educativas y los precios de vivienda representa, para la mayoría de los hogares colombianos, un reto adicional cada año. Cuando las matrículas escolares y universitarias suben conforme al IPC y los costos de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se ajustan por el salario mínimo, las familias con menos recursos se ven en la necesidad de reorganizar sus presupuestos o incluso buscar alternativas para garantizar el acceso a estos derechos fundamentales.

Este contexto refuerza las brechas existentes entre quienes cuentan con recursos suficientes para asumir estos aumentos y aquellos que deben destinar una proporción creciente de sus ingresos solo para cubrir necesidades básicas. De persistir estos incrementos, la capacidad de acceso a la educación de calidad y a la vivienda digna podría verse aún más limitada, haciendo imprescindible seguir el impacto de estas políticas sobre el bienestar social en el país.