Juzgado admite tutela de sindicatos contra el Ministerio de Trabajo por despidos en filiales de Glencore en Cesar

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar admitió una acción de tutela interpuesta por los sindicatos Sintracarbón y Sintramienergética contra el Ministerio del Trabajo y su Unidad de Investigaciones Especiales, ante la inminente desvinculación de 227 trabajadores de Prodeco y Carbones de La Jagua, empresas filiales de la multinacional Glencore en el departamento del Cesar. Esta tutela, presentada por la abogada Andrea del Rocío Torres, sostiene que se han vulnerado derechos fundamentales como el trabajo, el debido proceso, la libre asociación sindical y la estabilidad laboral reforzada. Los sindicatos insisten en que se declare la “unidad de empresa laboral” para que los empleados despedidos puedan ser absorbidos en otras operaciones de Glencore en Colombia, garantizando así su estabilidad.

La jueza Marina Acosta Arias dispuso la vinculación de diferentes entidades estatales y empresas del sector minero al trámite judicial. Entre estas se encuentran el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y la Defensoría del Pueblo. También figuran compañías como Prodeco, Carbones de la Jagua, Glencore Colombia y Cerrejón. El juzgado otorgó un plazo de un día para que las partes ejerzan su derecho a la defensa. No obstante, la jueza decidió negar la medida provisional que solicitaban los demandantes, la cual pretendía suspender la expedición de la resolución de despido mientras se resuelve el litigio de fondo. La togada fundamentó su negativa en la necesidad de escuchar las posturas de todas las partes involucradas para poder tomar una determinación definitiva y justa.

Este conflicto se origina en 2021, cuando el Grupo Prodeco anunció la devolución de los títulos mineros de Calenturitas y La Jagua, decisión que la empresa atribuyó a factores técnicos y económicos afectados por la caída de los precios internacionales del carbón y la pandemia. La Agencia Nacional de Minería aceptó esa renuncia en septiembre de ese mismo año, comenzando así el proceso de cierre de operaciones mineras en el corredor minero del Cesar. De acuerdo con comunicaciones de los sindicatos, esta situación ya había significado la pérdida de más de 7.500 empleos en la región, lo que incrementó la preocupación ante una nueva ola de despidos que podría debilitar a las organizaciones sindicales y afectar aún más la economía local.

La demanda gira alrededor del concepto de unidad de empresa, pues los sindicatos argumentan que Glencore, como empresa matriz, tiene la capacidad de reubicar a los trabajadores despedidos en otras minas activas, como Cerrejón, ubicada en La Guajira. La decisión definitiva del juzgado será determinante para establecer si el Ministerio del Trabajo debe tomar cartas en el asunto y si Glencore adquiere nuevas obligaciones respecto a la reubicación laboral.

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¿Por qué los sindicatos acuden a la figura de la unidad de empresa laboral en este caso?

La figura de la unidad de empresa laboral es relevante porque permitiría que los trabajadores despedidos de las filiales de Glencore puedan ser trasladados o reubicados en otras operaciones de la misma multinacional dentro del país, como Cerrejón, en lugar de perder su empleo. Los sindicatos argumentan que, por tratarse de una sola organización empresarial madre, debe existir responsabilidad con respecto a toda su planta laboral.

¿Cuál es el impacto del cierre de minas Prodeco y La Jagua para los trabajadores del Cesar?

Según los sindicatos, el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua implicó la pérdida de más de 7.500 empleos en la región. Un nuevo recorte agravaría la crisis económica local y pondría en riesgo la existencia de líderes y organizaciones sindicales dentro de estas empresas, lo que podría dificultar aún más la defensa de los derechos laborales en el sector minero.