Juzgado de Valledupar admite tutela de sindicatos para frenar despidos en filiales de Glencore en el Cesar

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar admitió la acción de tutela que los sindicatos Sintracarbón y Sintramienergética interpusieron en contra del Ministerio del Trabajo y su Unidad de Investigaciones Especiales. Esta medida judicial busca detener el despido masivo de 227 trabajadores pertenecientes a las empresas Prodeco y Carbones de La Jagua, ambas filiales de la multinacional Glencore en el departamento del Cesar. La acción legal fue liderada por la abogada Andrea del Rocío Torres, quien fundamentó la demanda en la presunta vulneración de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, al debido proceso, a la asociación sindical y a la estabilidad laboral reforzada.

Según el comunicado difundido por los sindicatos, se solicitó al Juzgado declarar la unidad de empresa, una figura que permitiría exigir la reubicación de los empleados en otras operaciones de Glencore dentro del país, en lugar de proceder con los despidos. Esta solicitud se produce en un contexto marcado por dificultades laborales y sindicales en la minería del carbón en el Cesar, especialmente tras la decisión del Grupo Prodeco, en 2021, de devolver los títulos mineros de las minas Calenturitas y La Jagua a la Nación, lo que derivó en el inicio de un plan de cierre y liquidación de operaciones.

Tras la devolución de los contratos mineros, la Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia en septiembre de 2021, lo que provocó, según cifras sindicales, la pérdida de más de 7.500 puestos de trabajo en la región. Para los representantes de los trabajadores, un nuevo ciclo de despidos agravaría la situación económica local y comprometería las estructuras sindicales que aún existen en estas empresas, como lo expresaron en el comunicado: "La autorización de los últimos despidos destruirá a los últimos líderes y organizaciones sindicales en estas empresas".

En respuesta a la tutela, la jueza Marina Acosta Arias decidió vincular al proceso a varias entidades estatales y empresas del sector minero, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, la Defensoría del Pueblo, así como las compañías Prodeco, Carbones de La Jagua, Glencore Colombia y Cerrejón. Aunque el juzgado negó la medida provisional que solicitaba suspender la autorización de los despidos mientras se resuelve el caso, otorgó un plazo de un día para que los vinculados puedan exponer su posición. La jueza argumentó que antes de adoptar una decisión que suspenda la resolución de despido, es imprescindible escuchar a todas las partes implicadas.

La estrategia sindical pivota sobre la noción de que Glencore, como empresa matriz de Prodeco y Cerrejón, podría absorber a los trabajadores desplazados de sus filiales en el Cesar, reubicándolos en operaciones mineras activas en el departamento de La Guajira. El fallo que emita el juzgado será definitivo para establecer tanto la intervención del Ministerio del Trabajo en este proceso como las obligaciones de Glencore respecto a la reubicación de los trabajadores afectados por el cierre empresarial en la región.

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¿Qué es la unidad de empresa laboral y por qué es clave para el caso de los trabajadores despedidos de Glencore?

La unidad de empresa laboral es una figura legal que permite reconocer a varias compañías controladas por una misma matriz como una sola entidad de cara a los derechos laborales. En este caso, Sintracarbón y Sintramienergética argumentan que Glencore controla tanto Prodeco como Cerrejón, lo que, según su reclamo, obligaría a la multinacional a reubicar a los trabajadores afectados en sus otras operaciones activas, en lugar de despedirlos.

¿Qué consecuencias tendría para el Cesar la finalización de los contratos laborales de Prodeco y Carbones de La Jagua?

De acuerdo con el comunicado de los sindicatos citado en el texto, la finalización de los contratos profundizaría la crisis económica en el Cesar, al sumarse a las más de 7.500 pérdidas de empleo previas tras el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua. Además, las organizaciones advierten que la desaparición de estos puestos representaría también la pérdida de líderes y estructuras sindicales en la región.