Juzgado de Valledupar admite tutela de sindicatos para frenar despidos en filiales de Glencore en Cesar

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar tomó la decisión de admitir una acción de tutela interpuesta por los sindicatos Sintracarbón y Sintramienergética, dirigida en contra del Ministerio del Trabajo y su Unidad de Investigaciones Especiales. La demanda tiene como objetivo frenar el despido inminente de 227 empleados de las empresas Prodeco y Carbones de La Jagua, ambas filiales de la multinacional Glencore, ubicadas en el departamento del Cesar. De acuerdo con la abogada Andrea del Rocío Torres, quien lidera el recurso legal, se estarían vulnerando derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el debido proceso, la asociación sindical y la estabilidad laboral reforzada. Por ello, los sindicatos solicitan que se declare la unidad de empresa, lo que permitiría la reubicación de los trabajadores en otras áreas operadas por Glencore en Colombia.

La jueza Marina Acosta Arias, encargada del caso, determinó que diversas entidades estatales y empresas mineras fueran integradas como partes en el proceso, para lo cual notificó al Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y la Defensoría del Pueblo, así como a las compañías Prodeco, Carbones de La Jagua, Glencore Colombia y Cerrejón. Aunque los sindicatos pidieron una medida provisional para suspender la resolución que autoriza los despidos, la jueza negó su solicitud inicial, explicando que debía conocer antes la postura de todos los actores involucrados. Por este motivo, concedió un plazo de un día para que las partes ejerzan su derecho a la defensa.

Este conflicto legal tiene su origen en 2021, cuando el Grupo Prodeco decidió devolver a la Nación los títulos mineros de las minas Calenturitas y La Jagua, como consecuencia de dificultades técnicas y financieras agravadas por la caída internacional del precio del carbón y la pandemia, según las explicaciones entregadas en ese momento. La Agencia Nacional de Minería aceptó la devolución de los títulos y se inició el plan de cierre de las operaciones en el corredor minero del Cesar. De acuerdo con los sindicatos, la clausura de estas minas ocasionó la pérdida de más de 7.500 trabajos en la región. Los líderes sindicales sostienen que otro despido masivo acrecentaría la crisis y pondría en riesgo la supervivencia de las organizaciones de trabajadores en estas empresas.

La petición central de los sindicatos consiste en demostrar la existencia de una única empresa bajo el grupo Glencore, lo que, según su argumento, permitiría la reubicación de los empleados despedidos en otras minas activas, particularmente en el departamento de La Guajira, donde la compañía mantiene operaciones importantes. El desenlace de este proceso jurídico establecerá si el Ministerio del Trabajo debe intervenir y si la multinacional minera debe asumir nuevas responsabilidades frente a sus empleados en el Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los sindicatos piden la declaración de unidad de empresa laboral en el caso Glencore?

La declaración de unidad de empresa laboral permitiría, de acuerdo con lo argumentado por Sintracarbón y Sintramienergética, que los trabajadores próximos a ser despedidos puedan ser reubicados en otras operaciones de Glencore en Colombia. Esto se basa en la relación de matriz y filiales que existe entre Prodeco, Cerrejón y Glencore, central para la estrategia jurídica contra el despido masivo en el Cesar.

¿Qué implica la estabilidad laboral reforzada y por qué es clave en este conflicto sindical?

La estabilidad laboral reforzada es un derecho que protege a ciertos trabajadores —por ejemplo, miembros sindicales o personas en situación especial de salud— contra el despido sin causa justificada o sin autorización previa. En este caso, es fundamental porque los sindicatos sostienen que el despido masivo vulneraría este derecho, afectando tanto a líderes sindicales como a empleados protegidos por este marco legal.