Crisis en el empleo rural colombiano: informalidad y pérdida de puestos agravan la brecha de género

Según los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el empleo rural en Colombia enfrentó una contracción significativa recientemente. Los datos oficiales revelan que la población ocupada en centros poblados y zonas rurales dispersas disminuyó de 4.946 millones en diciembre de 2024 a 4.835 millones en 2025, lo que representa una reducción del 2,3%, equivalente a cerca de 111 mil empleos perdidos. Este descenso afecta principalmente a sectores vinculados con actividades agropecuarias —agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura—, donde, según el Ministerio de Agricultura, se concentran 3,4 millones de empleos que constituyen el 20% del total nacional.

En el Eje Cafetero, la población campesina juega un rol central en el mercado laboral, representando el 19,7% de la población de Risaralda, es decir, más de 193.000 personas. El acceso al trabajo es desigual, con más del 75% de los hombres campesinos empleados, frente al 43% de las mujeres. Sin embargo, este sector se caracteriza por una elevada informalidad: la Unidad de Planificación Rural estima que el 80% de quienes laboran en áreas rurales carecen de protección legal y social en su empleo, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Mientras tanto, Pereira y su área metropolitana evidencian una dinámica distinta. El DANE reportó que la tasa de desocupación en la ciudad se ubicó en 7,3%, una disminución de 3,4 puntos porcentuales respecto al año anterior y por debajo del promedio nacional (7,7%). Esta reducción del desempleo en Pereira triplicó el promedio nacional, quedando solo por detrás de Bogotá y Villavicencio, consolidando la región como una de las de mejor desempeño en materia de inclusión laboral urbana.

Sin embargo, Adrián Garlati, profesor asistente de la Universidad Javeriana y doctor en economía, advirtió que la tasa de desempleo puede disminuir no necesariamente porque haya más empleo, sino porque las personas dejan de buscar trabajo, situación que se evidencia especialmente entre las mujeres campesinas, quienes han abandonado la búsqueda laboral debido a la persistente informalidad, los bajos ingresos y la escasa productividad.

La tendencia de reducción de empleo agrícola también refleja un proceso migratorio prolongado del campo a la ciudad. Garlati subraya que, desde 2007 a 2025, la participación de la agricultura en el empleo ha caído del 19% al 14%, evidenciando la necesidad de intervenir en aspectos estructurales. Una de las claves para revertir esta situación, según el especialista, radica en invertir en vías terciarias y mejorar la infraestructura, lo cual facilitaría la movilidad de productos y mejoraría los ingresos de los trabajadores rurales. Al mismo tiempo, la existencia de problemas de orden público continúa impulsando la migración forzada y la reducción de la producción agrícola.

Para enfrentar los desafíos específicos de las mujeres, se sugiere la implementación de programas de apoyo social, como los ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y la ampliación de las jornadas escolares. Estas medidas buscarían permitir a las campesinas dedicar mayor tiempo a las actividades laborales. El reciente descenso en el empleo femenino —que cayó de 1,567 a 1,464 millones— contrasta con la estabilidad del empleo masculino, consolidando una brecha de género cada vez más notoria en la ruralidad.

Por otro lado, en Pereira, no solo la reducción del desempleo es relevante, sino también el incremento de la informalidad, que alcanzó el 40,1%, cuatro puntos más que el año anterior. Aunque esta tasa sigue siendo inferior al promedio nacional (55,7%) y al de las principales ciudades (42,3%), pone de manifiesto que el nuevo empleo en la ciudad, en su mayoría, no brinda seguridad social ni estabilidad.

Estos contrastes entre el deterioro del empleo rural y la recuperación parcial del mercado laboral urbano plantean importantes retos para las políticas públicas, poniendo en evidencia la urgencia de cerrar las brechas de género, informalidad y conectividad entre el campo y la ciudad.

¿Por qué la informalidad laboral es mayor en zonas rurales y cómo afecta a los trabajadores?

La informalidad laboral, entendida como la ausencia de contratos formales y de prestaciones sociales que protejan al trabajador, es particularmente alta en las zonas rurales si se compara con los centros urbanos. Esto se relaciona con la estructura del mercado laboral rural, donde predominan actividades agrícolas de baja productividad y empleadores informales. Adicionalmente, la dispersión geográfica y el acceso limitado a servicios estatales dificultan la supervisión y el cumplimiento de las normas laborales, lo que perpetúa la precarización del empleo.

Las consecuencias para los trabajadores rurales son profundas e incluidas en las cifras presentadas por la Unidad de Planificación Rural y el DANE. Al no contar con protección social, quienes laboran en la informalidad carecen de acceso a salud, pensión o garantías en caso de enfermedad o accidente. Este contexto limita las posibilidades de desarrollo, perpetúa la pobreza, y afecta especialmente a mujeres campesinas, consolidando barreras estructurales que dificultan una integración plena en el mercado laboral.