Aumento del salario mínimo en Colombia: recortes, informalidad y nuevas amenazas para aseo y vigilancia

A apenas mes y medio de la entrada en vigor del aumento del 23,7% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, el impacto se ha hecho notar con particular fuerza en sectores que dependen intensivamente de la mano de obra, como vigilancia y aseo. Aunque la medida fue suspendida de manera provisional, los efectos negativos ya se sienten tanto entre los trabajadores como en la estructura de costos de las empresas, según la información recabada por EL COLOMBIANO. El ajuste, más allá de elevar la nómina, puso presión sobre los contratos con clientes que, en muchos casos, no estaban preparados para asumir este incremento, lo que derivó en recortes de personal en entornos como centros comerciales, unidades residenciales y hoteles.

El testimonio de Carlos Yepes, vigilante nocturno en un reconocido centro empresarial del Valle de Aburrá, refleja el panorama: tras tres años con turno fijo, la empresa reorganizó los esquemas laborales para ajustar sus costos, trasladándolo a un esquema rotativo que le impedía continuar sus estudios diurnos. Al no existir opción para conciliar sus horarios, Carlos decidió renunciar. Situaciones similares abundan entre los trabajadores que, de la noche a la mañana, enfrentan ajustes que alteran su estabilidad y aspiraciones personales.

Según Raquel Garavito, presidenta de la Federación Colombiana de Empresas de Seguridad Privada (Fedeseguridad), el impacto en vigilancia se debe a que más del 80% de su estructura de costos corresponde al personal operativo. Actualmente, cerca de 400.000 vigilantes formales trabajan en más de 955 empresas reguladas. La tarifa mínima de servicios, regulada por el Estado, incrementa automáticamente con el salario mínimo, y este año el aumento fue mayor de lo habitual, subiendo el costo mensual de un puesto de vigilancia armada 24 horas de $15,3 a $18,8 millones. Además del alza, factores de la reforma laboral como la reducción de jornada y los aumentos en recargos incrementaron los costos del sector aproximadamente un 31%.

En respuesta, empresas y copropiedades han optado por reducir la cobertura de vigilancia, migrando de esquemas completos a parciales o recurriendo en algunos casos a la tecnología, una alternativa que el gremio considera solo complementaria en ambientes críticos. Se detecta también el riesgo de crecimiento de la informalidad y la contratación de empresas sin licencia, lo que podría acarrear sanciones de entre 20 y 40 salarios mínimos.

El fenómeno no es exclusivo de la vigilancia. María del Pilar Rodríguez, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Empresas de Aseo y Mantenimiento (Fenaseo), explicó que la proyección presupuestal para este año era de un aumento en torno al 12%, pero el ajuste del 23,7% desbordó las previsiones. Empresas de aseo, integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia que ganan el mínimo, se vieron forzadas a reducir personal para mantener los contratos sin incrementos, generando sobrecarga de trabajo entre quienes quedan. En algunos casos, los contratantes optan por mantener el presupuesto original y sacrifican entre 4 y 10 empleos por contrato.

Este recorte se traduce en una mayor informalidad, ya que las familias y algunos negocios disminuyen la frecuencia de contratación de personal formal o buscan trabajadores por fuera del sistema, sin prestaciones ni seguridad social. Además, ha habido inconformidad entre empleados administrativos cuyos salarios, a diferencia del mínimo, no se incrementaron en la misma proporción, provocando rotación laboral y reajustes internos para equilibrar presupuestos.

El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto, pero los efectos ya se sienten. En vigilancia, cálculos usando metodologías del Banco de la República estiman afectaciones de entre 10% y 15%, dependiendo del tipo de servicio, la región y la capacidad de pago del contratante. En aseo, los gremios mencionan reducciones de hasta el 20% en algunos contratos. Tanto vigilantes como empresas de aseo insisten: no están en contra del aumento salarial, pero advierten que, cuando los incrementos exceden lo proyectado, la presión recae sobre el empleo.

La incertidumbre prevalece: mientras los gremios solicitan medidas para frenar la informalidad y llaman a la sensatez de los contratantes, el ajuste ya ha alterado la estabilidad laboral, la cobertura de servicios y la calidad de vida de quienes dependen del salario mínimo.

¿Qué consecuencias podría traer el aumento de la informalidad laboral tras el alza del salario mínimo?

El avance de la informalidad como respuesta al incremento del salario mínimo preocupa a trabajadores, gremios y autoridades. La informalidad implica empleos sin contrato formal, prestaciones sociales o seguridad social, y expone a los trabajadores a condiciones precarias, mayor inestabilidad y la pérdida de aportes para pensión y salud. El riesgo es aún mayor en sectores vulnerables como aseo y vigilancia, que reúnen a cientos de miles de personas en Colombia, la mayoría de ellas ganando el mínimo y requiriendo protección laboral.

Además, el auge de la informalidad puede debilitar el tejido empresarial formal, fomenta la competencia desleal y reduce la recaudación tributaria y de seguridad social. Los gremios insisten en que la regulación y el control estatal son necesarios para evitar que la presión sobre los costos laborales empuje a más empresas y hogares a esquemas informales, agravando la precarización del empleo y los riesgos para la seguridad y la salud pública.