¿Desligar la VIS del salario mínimo soluciona la crisis? Claves y controversia del nuevo decreto en Colombia

El Ministerio de Vivienda de Colombia ha puesto en consulta pública un borrador de decreto cuyo propósito es desindexar la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo y establecer un tope único de hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) en todo el país. Esta medida, anunciada en medio de una de las crisis más severas que ha atravesado el sector vivienda en décadas, busca responder a la problemática generada por el reciente incremento del salario mínimo, que alcanzó un 23,7% para 2026. Como consecuencia directa, el costo de la VIS aumentó en más de 49 millones de pesos, causando complicaciones considerables para quienes ya habían iniciado procesos de adquisición o construcción de una vivienda bajo esta modalidad.

El proyecto, según lo comunicado por las autoridades, pretende pactar el valor de la VIS en pesos desde las fases iniciales del negocio y evitar que posteriormente su precio se ajuste al alza con los incrementos del salario mínimo. De acuerdo con la versión oficial, esto protegería a los hogares de ingresos más bajos y detendría los reajustes “automáticos e injustificados” en el valor de la vivienda. Sin embargo, la iniciativa ha despertado agudas críticas desde diversos sectores, donde se argumenta que la propuesta podría derivar en un efecto opuesto al buscado.

David Luna, abogado y exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sostuvo a través de su cuenta en X que el decreto no representa una solución a los problemas estructurales del sector. Luna enfatizó que los proyectos VIS suelen estructurarse con años de antelación y que las promesas de compraventa son pactadas incluso hasta cuatro años antes de la entrega. Según él, los costos ya afectados por el aumento del salario mínimo no disminuirán para las viviendas que serán entregadas en 2026, y la propuesta del Gobierno solo incrementó la distancia entre los sectores más vulnerables y la posibilidad de acceder a una vivienda.

Por su parte, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector universitario, calificó la medida como "pan para hoy y hambre para mañana". Si bien reconoció el aporte de transparencia, advirtió que el decreto ignora la naturaleza de los proyectos VIS, que enfrentan incrementos en costos de manera constante, afectados por salarios, insumos y decisiones oficiales. Para Restrepo, alteraciones de esta magnitud generan inseguridad jurídica y podrían provocar el aumento inmediato de precios hasta el nuevo tope, desincentivar proyectos y arrastrar a una mayor cantidad de hogares a desistir de su sueño de vivienda propia.

En la misma línea, Luis Felipe Henao —exministro de Vivienda— resaltó la gravedad de la situación: el sector acumula nueve trimestres consecutivos en números rojos y la oferta se ha reducido a la mitad, hechos que empujan a miles de familias de menores recursos a la informalidad. Henao advirtió que un tope igualitario para ciudades y pequeños municipios desconoce las diferencias en los costos de suelo y construcción y podría suponer un incentivo para que inversionistas, y no familias, dominen el mercado VIS.

Desde el Gobierno, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, defendió la propuesta y la enmarcó en la estrategia del salario vital. Explicó que el tope de 135 SMLMV no significa el precio final y que el decreto refuerza reglas para proteger a los consumidores, fortaleciendo la transparencia y la seguridad jurídica con un régimen excepcional para casos específicos.

En este contexto, el debate sobre cómo fijar el precio de la VIS sin perjudicar a los más vulnerables adquiere nueva relevancia, en especial al observar que en 2015 una vivienda de este tipo costaba $96.652.500 y, once años después, su precio de tope supera los $262.635.750 —un incremento de casi $166 millones en poco más de una década—, según El Colombiano. El futuro de la política pública en vivienda, así como la posibilidad de millones de colombianos para acceder a casa propia, dependerá de los ajustes y consensos que se logren alrededor de este borrador de decreto.

¿Por qué es importante desindexar la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo?

La discusión en torno a la desindexación de la VIS del salario mínimo es clave para millones de colombianos que aspiran a una vivienda propia. Al estar atados al salario mínimo, los precios de estos hogares están sujetos a los aumentos anuales que, como ha ocurrido recientemente, pueden ser significativos e impredecibles. Esto puede jugar en contra de quienes ya tenían planeado su proyecto de vivienda y hace impredecible el desembolso total para los compradores.

Esta pregunta resulta fundamental porque la política pública de vivienda se ha diseñado históricamente para proteger y facilitar el acceso a la vivienda digna de los hogares con menores ingresos. Sin embargo, mecanismos como la indexación pueden producir efectos colaterales no deseados, como alzas automáticas de precios o incluso restricciones para las familias más vulnerables. El debate que suscita este decreto refleja la complejidad financiera y social de garantizar un acceso justo y sostenible a la vivienda en Colombia.