Más de $103.000 millones para mejorar viviendas en 232 municipios: así es la nueva apuesta social del Gobierno

El Gobierno nacional ha abierto una importante convocatoria pública con el propósito de invertir más de $103.000 millones en el mejoramiento de vivienda, tanto urbana como rural, en una amplia porción del territorio colombiano. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y financiada con recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), pretende beneficiar comunidades en hasta 232 municipios del país, de acuerdo con la información publicada por El Diario.

La formalización de la convocatoria se realizó a través de la Resolución 0011 de 2026, la cual establece las condiciones técnicas, sociales y administrativas para que las organizaciones interesadas accedan a los recursos. Según el Ministerio, estos fondos corresponden al 5 % del mayor recaudo del SGR y están alineados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo liderado por el presidente Gustavo Petro. La integración de esta iniciativa dentro del marco del desarrollo nacional evidencia una apuesta por articular la política social y la distribución de recursos a nivel local.

Los recursos asignados tienen como destino exclusivo el mejoramiento de viviendas ya existentes, en áreas urbanas y rurales seleccionadas. Las intervenciones contempladas comprenden adecuaciones estructurales y básicas, tales como el arreglo de techos, pisos, baños y cocinas, además de obras orientadas a garantizar condiciones más dignas, habitables y seguras para las familias beneficiarias. El programa coloca la participación comunitaria en el centro de su estrategia, buscando fortalecer la economía popular, incentivar el empleo local y promover modelos constructivos con un enfoque social.

Diferenciándose de otros esquemas, la convocatoria no está dirigida a personas naturales, sino que prioriza expresamente la postulación de proyectos a través de organizaciones comunitarias y sociales con presencia territorial. Entre los actores habilitados figuran Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Populares de Vivienda, cooperativas, asociaciones comunitarias, comunidades étnicas y otras organizaciones sociales con constitución legal.

Las propuestas presentadas deben enfocarse en el mejoramiento de viviendas y demostrar un impacto colectivo, atendiendo a la comunidad como sujeto beneficiario central. El listado de municipios elegibles se encuentra en la Resolución 40599, por lo que se recomienda a las organizaciones consultar si sus territorios están incluidos antes de avanzar en el proceso de postulación.

Las entidades interesadas deben revisar exclusivamente los términos de referencia oficiales en la web del Ministerio de Vivienda, donde se detallan los requisitos, documentos, cronogramas y condiciones técnicas exigidas. Se advierte no acudir a intermediarios no autorizados o a fuentes no verificadas, para evitar fraudes y problemas en la gestión de los recursos.

Esta convocatoria se enmarca en la política “Nuestro Hábitat Biodiverso”, orientada a transformar la gestión de la vivienda en Colombia y a priorizar territorios históricamente excluidos, promoviendo la labor colectiva. El contexto de esta medida coincide con una reestructuración de los subsidios habitacionales, mientras otras iniciativas como “Mi Casa Ya” se direccionan hacia la población vulnerable, y se establecen topes en pesos para la Vivienda de Interés Social, desligándolos del salario mínimo y buscando así mayor justicia en el acceso habitacional.

¿Cuáles son los criterios para evaluar y seleccionar las propuestas presentadas por las organizaciones?

Esta pregunta surge ante el creciente interés de las comunidades por acceder a la convocatoria de mejoramiento de vivienda, pero también ante la necesidad de comprender cuáles serán los aspectos determinantes para que un proyecto obtenga los recursos disponibles. Con los criterios claros, las organizaciones pueden enfocar sus esfuerzos en diseñar iniciativas que realmente respondan a las prioridades del programa, incrementando sus posibilidades de ser seleccionadas.

Conocer los parámetros de evaluación permite además que las comunidades identifiquen las fortalezas y debilidades de sus propuestas. Esto contribuye a una mayor transparencia en el proceso, facilita la rendición de cuentas y fomenta la confianza de la ciudadanía en el manejo de los fondos públicos asignados para el mejoramiento de vivienda.