Venezuela abre sus puertas al capital privado: histórica reforma petrolera tras caída de Maduro

Venezuela ha dado un giro trascendental en su política petrolera tras la aprobación de una profunda reforma legislativa que reestructura la industria, permitiendo por primera vez en décadas una apertura total hacia las inversiones privadas. Dicho cambio se concretó luego de que la Asamblea Nacional aprobara, artículo por artículo, una reforma a la ley vigente desde 2006. El texto ahora espera la sanción definitiva por parte de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió ese rol tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y zonas cercanas, según reportó la fuente original. Este cambio legislativo ha sido impulsado por las recientes transformaciones en el liderazgo político y marca un alineamiento con los intereses de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la nueva mandataria, calificó la ley como histórica y afirmó que augura un mejor futuro tras años de crisis y sufrimiento. La figura de Delcy Rodríguez, aplaudida por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, ha sobresalido como pieza clave en el acercamiento entre Caracas y Washington. La reforma concede mayores garantías a los privados, elimina el control estatal en la exploración de hidrocarburos y reduce las cargas impositivas, lo que representa un viraje respecto a la tradicional postura de reserva y nacionalización del sector petrolero venezolano.

Leonardo Castillo, trabajador del sector petroquímico, expresó entusiasmo sobre la perspectiva de atraer capital extranjero y aumentar los ingresos del país. Cabe recordar que la industria petrolera venezolana languidecía bajo un embargo impuesto por Donald Trump en 2019, sumado a los efectos negativos de las sanciones internacionales, la desinversión prolongada, la corrupción y la mala administración. Según los datos reseñados, la producción de crudo, que llegó a mínimos históricos en 2020 con apenas 300.000 barriles diarios, trepó hasta 1,2 millones en 2025, pero aún está lejos de los tres millones diarios producidos en los años dorados de la industria venezolana.

La nueva legislación reemplaza el modelo de control estatal implementado por Hugo Chávez, que exigía que las empresas privadas solo pudieran participar mediante empresas mixtas bajo mayoría estatal. En contraste, ahora se permite que compañías privadas tengan contratos de exploración, explotación y comercialización sin participación estatal e incluso transmitir activos, incluyendo la explotación de “campos verdes”, áreas inexploradas hasta hoy.

El instrumento sustituye los anteriores esquemas tributarios del sector por una contribución única de hasta 15% sobre los ingresos brutos y fija regalías máximas del 30%, quedando a criterio del Ejecutivo los márgenes precisos según cada contrato. Esta flexibilidad recuerda a la llamada Ley Antibloqueo, que con su secretismo permitía sortear restricciones externas y ya anticipaba parte de esta apertura.

Consultado sobre la medida, el analista petrolero Francisco Monaldi consideró que el proyecto desmonta completamente el esquema chavista, aunque advirtió que la discrecionalidad del Ejecutivo en las condiciones operativas podría persistir. La menguada oposición del Parlamento ha solicitado, sin éxito hasta ahora, la introducción de obligaciones de transparencia. Por su parte, Rafael Ramírez, exministro petrolero, calificó la reforma como un “retroceso” y una privatización encubierta respecto a la nacionalización de 1976. Sin embargo, la percepción entre los trabajadores petroleros es de esperanza: Karina Rodríguez, de la estatal PDVSA, subrayó que la reforma podría dignificar a quienes sostienen la producción nacional, actualmente golpeados por la precariedad salarial.

¿Qué consecuencias podría traer la apertura petrolera para la economía venezolana?

La interrogante sobre los efectos económicos de este cambio legal es fundamental debido a que la industria petrolera ha sostenido durante décadas la economía venezolana. El paso de un control estatal rígido a un sistema más liberal, facilitando la entrada de capital privado nacional e internacional, podría modificar profundamente los flujos de inversión, los niveles de empleo y la generación de divisas.

El contexto de sanciones internacionales y la incidencia de un Ejecutivo con amplias facultades regulatorias también resultan determinantes. La nueva normativa abre puertas a mayor dinamismo económico, pero plantea retos en términos de transparencia, supervisión estatal y distribución de la riqueza generada, elementos que serán observados atentamente tanto al interior de Venezuela como por la comunidad internacional.