Utilidades de bancos en Colombia caen tras impuesto al patrimonio por emergencia ambiental en Córdoba en 2026

A inicios de 2026, el gobierno de Gustavo Petro activó una emergencia económica para atender la grave crisis ambiental en el departamento de Córdoba, duramente golpeado por lluvias intensas y desbordamientos. La herramienta principal de esta emergencia fue un impuesto al patrimonio dirigido especialmente a las entidades financieras. Según información de El Colombiano, de haberse aplicado completamente en su versión original, habría sido uno de los gravámenes más elevados a nivel internacional.

El historial de la administración Petro no refleja una cercanía con los bancos; de hecho, ha formulado críticas directas a este sector en múltiples intervenciones. Ante la presión del gremio bancario, representado en las negociaciones por Asobancaria, el gobierno optó finalmente por reemplazar este impuesto por compromisos de financiación y apoyo a los damnificados del norte del país. Sin embargo, la modificación llegó demasiado tarde para los balances financieros del primer trimestre, ya que, mientras la Corte Constitucional evaluaba la legalidad de la medida, los bancos se vieron obligados a registrar provisiones contables por el valor del impuesto. Ello impactó inmediatamente sus utilidades.

La contracción se reflejó de forma generalizada en el sistema bancario. Bancolombia, el banco más grande de Colombia, cerró los primeros dos meses del año con utilidades de $525.497 millones, la cifra más baja en cinco años. En el primer trimestre completo, la holding Grupo Cibest reportó una ganancia de $1,5 billones, marcando un descenso del 16 % respecto al año anterior. A pesar de esto, la entidad liderada por Juan Carlos Mora destacó que la solidez operativa se mantiene, respaldada por un crecimiento interanual del 6,9 % en activos y un avance significativo en cartera y depósitos. Además, Bancolombia sigue ampliando su portafolio de inversiones y activos digitales.

Davivienda registró una utilidad neta de $283.000 millones en el primer trimestre de 2026, una caída del 45,3 % comparado con el cierre de 2025. La disminución responde, según el mismo banco, al impacto del gravamen y a un ingreso excepcional que se reflejó el año anterior tras la integración de Scotiabank. Aun así, la cartera bruta creció más de 20 % anual y la calidad de la cartera mejoró, con descenso en mora y mayor cobertura.

En el caso de Grupo Aval, el conglomerado financiero más grande, la utilidad neta atribuible fue de $336.000 millones, 6,9 % menos que en el mismo periodo de 2025. El impuesto al patrimonio representó $312.000 millones en gastos y redujo más de $200.000 millones en utilidades, lo que dejó claras secuelas en los balances.

A pesar del sacrificio de los bancos, la meta de recaudo del gobierno no se alcanzó: la primera cuota debía ser $4,15 billones y apenas se recaudaron $2,4 billones, con un desfase notorio como lo señaló Lisandro Junco, exdirector de la Dian. El fallo de la Corte Constitucional terminó por suspender de manera provisional el cobro de la segunda cuota para ciertas entidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué bajaron las utilidades de los bancos en Colombia durante el primer trimestre de 2026?

Las utilidades de los bancos como Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval disminuyeron principalmente por la obligación de provisionar el impuesto al patrimonio decretado por el gobierno nacional durante la emergencia económica, lo que afectó directamente sus resultados. Además, se sumaron efectos contables por ingresos no recurrentes registrados el año anterior y ajustes regulatorios.

¿Cuál es el impacto del impuesto al patrimonio sobre las entidades financieras y el sistema bancario?

El impuesto al patrimonio impuso una carga contable significativa a las entidades financieras, obligándolas a provisionar recursos equivalentes al gravamen mientras se resolvían discusiones judiciales y negociaciones políticas. Aunque no comprometió su operación a largo plazo, sí redujo sus utilidades en el corto plazo y dejó en evidencia un recaudo menor al esperado por parte del gobierno.