El impuesto que dejó Petro y Gobierno De la Espriella planea tumbar; toca a supermercados

El ejecutivo sustentó que busca disminuir la carga tributaria de las empresas y mejorar la competitividad. Vendría novedad para los productos de plástico.

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó los principales componentes de la Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa que plantea reducir gradualmente la tarifa de renta para las empresas, eliminar el impuesto a los plásticos de un solo uso y crear un régimen especial para atraer grandes inversiones.

La propuesta del Gobierno Nacional contempla una reducción de la tarifa general del impuesto de renta para personas jurídicas, que actualmente se encuentra en 35 %. Según el proyecto, el gravamen bajaría al 33 % en 2027 y llegaría al 31 % a partir de 2028.

Con esta modificación, el Ejecutivo busca disminuir la carga tributaria sobre las empresas, incentivar la inversión privada y mejorar la competitividad de Colombia frente a otros países de América Latina y de la OCDE.

Sin embargo, la reducción tendría un impacto sobre los ingresos fiscales. El costo estimado de la medida sería de $4,1 billones en 2027 y de $12 billones a partir de 2028.

Impuesto a plásticos y régimen para grandes inversiones

Otro de los cambios incluidos en la Ley de Rescate Fiscal es la eliminación del impuesto nacional a los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, creado mediante la Ley 2277 de 2022.

La iniciativa argumenta que este tributo presenta dificultades jurídicas y administrativas, además de generar un recaudo relativamente bajo frente a los costos de fiscalización. En 2024 habría recaudado $65.000 millones y en 2025, $82.000 millones, equivalentes a entre 0,02 % y 0,03 % de los ingresos tributarios.

La eliminación del impuesto no implicaría desmontar las metas ambientales ni las restricciones graduales establecidas en la Ley 2232 de 2022, relacionadas con la sustitución de estos productos, el contenido reciclado y la responsabilidad extendida del productor.

En materia financiera, el proyecto propone extender hasta el año gravable 2030 la sobretasa de cinco puntos porcentuales al impuesto de renta para las instituciones financieras, aseguradoras y reaseguradoras. Actualmente, esta medida tiene vigencia hasta 2027.

El gravamen aplicaría a las entidades cuya renta gravable sea igual o superior a 120.000 UVT. No obstante, se eliminaría la destinación específica que obligaba a utilizar tres de los cinco puntos adicionales para financiar vías de la Red Vial Terciaria, por lo que la totalidad de los recursos ingresaría a los ingresos generales de la Nación.

La iniciativa también contempla la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), dirigido a atraer megaproyectos de inversión nueva en sectores estratégicos de la economía.

Para acceder a este esquema, las inversiones mínimas dependerían de la actividad económica: 8.140.000 UVT para infraestructura, energía y recursos naturales; 5.530.000 UVT para industria y economía digital, y 2.580.000 UVT para agroindustria, turismo, servicios y otros sectores elegibles.

El régimen excluiría las actividades de comercio, servicios financieros e inmobiliarios y otorgaría beneficios tributarios y aduaneros durante 16 años.

Entre los incentivos se encuentra una tarifa de renta del 20 % para los proyectos que comiencen su ejecución en 2027 o 2028, mientras que aquellos que inicien a partir de 2029 tendrían una tarifa del 26 %.

También se permitiría una depreciación acelerada de hasta 50 % anual para maquinaria y equipos y de hasta 10 % para construcciones. A esto se sumaría una tarifa de retención sobre dividendos del 8 % para no residentes, frente a la tarifa general del 20 %, además de estabilidad en los regímenes aduaneros y tratamientos arancelarios temporales para importar maquinaria y equipos.

A cambio, los inversionistas tendrían que garantizar que al menos 30 % de los bienes y servicios utilizados en sus proyectos provengan de proveedores nacionales, con participación de mipymes y empresas regionales. También deberían pagar una prima anual de estabilidad y mantener las garantías correspondientes.

Finalmente, la Ley de Rescate plantea modificar el impuesto al carbono mediante un incremento gradual de sus tarifas. Para 2027, el valor sería de 0,876 UVT por tonelada de dióxido de carbono equivalente; en 2028 subiría a 1,23 UVT y desde 2029 llegaría a 1,59 UVT.

Además, el tributo tendría una actualización anual equivalente a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) más dos puntos porcentuales.

Otro cambio consiste en reducir del 50 % al 25 % el límite máximo de compensación del impuesto mediante certificaciones de carbono neutralidad. La propuesta también busca armonizar las tarifas entre combustibles como diésel, gasolina y gas natural, de acuerdo con la intensidad de sus emisiones.

En cuanto al uso de los recursos, se mantendría la asignación destinada al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), mientras que se eliminaría la destinación específica del 80 % restante, con el propósito de dar mayor flexibilidad presupuestal al Gobierno Nacional.