Colombia ante el reto: ¿podrá transformar su matriz energética sin dejar a nadie atrás? Expertos opinan

Colombia enfrenta nuevos retos en la transición energética, según expertos internacionales

Colombia transita por un momento crucial en su intento de avanzar hacia una transición energética sostenible. Según un análisis reciente presentado por El Espectador, en el marco de una conferencia internacional que reunió a investigadores y expertos del sector, el país enfrenta desafíos estructurales y de gobernanza que amenazan con ralentizar el cambio hacia fuentes renovables. El informe destaca que, a pesar de la intención de alejarse de la dependencia del petróleo y del carbón, la complejidad institucional y la falta de planificación coherente están poniendo en riesgo los objetivos climáticos y energéticos de Colombia.

El evento, convocado por organizaciones como la Universidad Nacional de Colombia y con la participación de académicos de México, Alemania y Estados Unidos, puso de manifiesto las tensiones que implica dejar atrás la economía extractiva tradicional. Entre las preocupaciones principales resalta la ausencia de una hoja de ruta clara y consensuada que defina los pasos concretos para transformar el sistema energético colombiano. Los participantes coincidieron en que la falta de coordinación entre el Gobierno nacional y los entes regionales, así como la escasa participación de la ciudadanía en los procesos de consulta, constituyen barreras significativas.

Otro punto crítico mencionado por los conferencistas, y recogido en el reporte de El Espectador, es la responsabilidad histórica y actual del Estado colombiano en el diseño de políticas públicas. Los asistentes señalaron la urgencia de integrar políticas energéticas con estrategias de desarrollo regional, para evitar que el cambio tecnológico excluya a comunidades vulnerables o repita patrones de desigualdad. Según varios testimonios citados en el artículo, el exceso de burocracia y la fragmentación de responsabilidades institucionales han dificultado la implementación de proyectos de energía solar o eólica, especialmente en territorios donde los conflictos sociales persisten.

En el trasfondo de este debate, se encuentran las crecientes demandas ciudadanas por un modelo energético más justo y respetuoso del ambiente. Organizaciones sociales y comunidades indígenas han insistido en la importancia de que la transición sea inclusiva, respetando los derechos territoriales y culturales. El Espectador resalta que estos actores han exigido, en reuniones oficiales y comunicados públicos, un espacio más amplio en la toma de decisiones, argumentando que los proyectos energéticos no deben reproducir las prácticas extractivistas del pasado.

Sumado a lo anterior, el reporte remarca que la crisis climática global otorga urgencia al proceso de transición. Colombia, como firmante del Acuerdo de París, tiene compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, los investigadores advierten que sin revisiones periódicas, mecanismos de consulta y una mayor inversión estatal, será difícil cumplir con esas metas. El caso colombiano, según el documento de El Espectador, representa un ejemplo de cómo las buenas intenciones políticas pueden verse limitadas por obstáculos históricos y estructurales.

El paso hacia energías renovables, como enfatiza el informe, no es solo una tarea técnica, sino también social y política. Involucra intereses diversos: desde la gran industria hasta pequeñas comunidades rurales afectadas por proyectos hidroeléctricos o mineros del pasado. Expertos concluyeron que solo mediante una gestión articulada entre Estado, academia y sociedad civil será posible avanzar en una transición energética justa, asegurando que el país no retroceda en sus compromisos ambientales ni repita ciclos de exclusión.

Preguntas frecuentes

La pregunta es relevante porque, como señala El Espectador, las comunidades indígenas son actores fundamentales en los territorios donde se desarrollan proyectos energéticos. Estas comunidades han sido históricamente afectadas por actividades extractivas y ahora demandan ser incluidas en las decisiones sobre la transición energética. Su participación es indispensable para garantizar procesos respetuosos de los derechos territoriales y culturales, y para evitar conflictos sociales asociados a nuevas infraestructuras.

Dicha inclusión puede contribuir a un enfoque más integral y sostenible, pues las comunidades indígenas poseen conocimientos tradicionales valiosos sobre el manejo del entorno. El desafío radica en que las políticas públicas mexican un diálogo intercultural auténtico y eviten reproducir viejas prácticas de exclusión. De esto depende en buena parte el éxito de la transición energética a nivel local y nacional.

Es fundamental aclarar este término porque es central en el debate público y, a menudo, motivo de confusión. La transición energética se refiere al proceso de cambio de un modelo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) hacia otro basado en fuentes limpias y renovables (solar, eólica, hidráulica, etc.). Este cambio busca reducir las emisiones de gases responsables del calentamiento global y promover un desarrollo económico más sostenible.

Para Colombia, la transición energética es estratégica tanto por razones ambientales como económicas. Depender del carbón y el petróleo expone al país a la volatilidad de los precios internacionales y limita sus posibilidades de desarrollo a largo plazo. Adoptar energías renovables, como se plantea en el artículo de El Espectador, permite diversificar la matriz energética y cumplir con compromisos internacionales en materia de cambio climático.