Gobernadora del Cesar y líderes del Caribe solicitan a la CREG ajustes al esquema tarifario eléctrico por condiciones climáticas

La más reciente reunión entre la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, la directiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Región Administrativa y de Planificación Caribe (RAP Caribe) marcó un nuevo capítulo en el debate sobre el esquema tarifario eléctrico en la región. El encuentro, que tuvo lugar en Bogotá, sirvió para que la mandataria formalizara una propuesta técnica que busca modificar las resoluciones 101 120 y 101 126 de 2026, normas que han suscitado preocupación entre los líderes caribeños por su impacto en la economía de los hogares y la pertinencia de sus criterios en una región caracterizada por altas temperaturas.

De acuerdo con lo señalado durante la mesa de trabajo, la RAP Caribe y la gobernadora Sanjuan propusieron como eje central adicionar un parágrafo al artículo 10 de las referidas resoluciones, gestión que pidieron tramitar con carácter abreviado, en un plazo de ocho días hábiles, antes de aplicar los primeros cobros por penalización. En paralelo, solicitaron precisar un método de verificación con información real, discriminando por departamento y estrato, que permita identificar cuántos usuarios superan sus metas de consumo, como prevé el artículo 22. Estas medidas, argumentaron los mandatarios, no buscan eliminar los incentivos al ahorro, sino establecer reglas que reconozcan las condiciones climáticas particulares del Caribe.

Como contrapartida, la RAP Caribe comprometió a los siete departamentos del bloque regional en una campaña de ahorro de energía y en la fijación de metas concretas verificables en sedes públicas. Además, propusieron realizar reuniones semanales con el Ministerio de Minas y la CREG, sustentadas en los informes técnicos de XM/ASIC, y revisar las reglas cuando se evalúe la primera prórroga del programa. El objetivo, de acuerdo con los líderes regionales, es avanzar hacia un criterio regulatorio que no penalice arbitrariamente la demanda fundamental para soportar las temperaturas extremas del Caribe.

El respaldo a estas gestiones no se hizo esperar. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, subrayó el impacto que tendría la penalización tarifaria en los habitantes de la ciudad, resaltando que el consumo elevado de energía no es una decisión trivial, sino resultado de la necesidad de usar sistemas de refrigeración y ventilación para la vida cotidiana en medio del calor. Orozco advirtió que se deben resolver antes los cortes de energía recurrentes y cuestionó la equidad de los nuevos cobros.

El frente institucional caribeño se extendió también a la vía judicial. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció la presentación de una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra la Resolución 101 126 de 2026. Turbay argumentó que la regulación no responde a objetividad ni fundamentos técnicos, destacando que el consumo en ciudades como Cartagena es una cuestión de “sobrevivencia” frente a condiciones climáticas adversas y que la región solo está dispuesta a pagar por su consumo real, no por sanciones consideradas injustas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la región Caribe pidió modificar las resoluciones 101 120 y 101 126 de la CREG?

La región Caribe, a través de sus líderes y respaldada por la RAP Caribe, solicitó modificar estas resoluciones porque consideran que no tienen en cuenta las particularidades climáticas de la zona y pueden derivar en cobros injustos para los usuarios que, por necesidad, consumen más energía para combatir el calor. Esta petición se basa en la necesidad de reglas diferenciadas que permitan una distribución equitativa de las tarifas eléctricas según las condiciones reales de consumo.

¿Qué acciones han tomado los gobernantes del Caribe frente a las nuevas penalizaciones de energía?

Además de gestionar cambios normativos ante la CREG, los mandatarios del Caribe han ofrecido campañas de ahorro y compromisos verificables en el sector público. Asimismo, han acudido a instancias judiciales, como la demanda presentada por el alcalde de Cartagena ante el Consejo de Estado, en busca de suspender resoluciones que consideran afectan injustamente a la región por razones climáticas.