De la coca al cacao: Así están transformando comunidades en Colombia gracias al apoyo empresarial

El proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Colombia, ejemplificado por la experiencia del Naranjal, marca un cambio trascendental en el abordaje de la política antidrogas del país. Diana Cano, quien lidera la Asociación de Cultivadores del Cañón del San Quinini (Asoculsan), detalla cómo esta transición ha permitido que jóvenes de la región dejen de participar en actividades ilícitas y opten por el cultivo de productos legales como cacao, café, ají y cítricos. Lo relevante de este proceso reside no solo en el reemplazo agrícola, sino también en la existencia de un mercado estable: el Grupo Éxito, una de las principales empresas comerciales en Colombia, garantiza la compra directa de estas cosechas, favoreciendo la estabilidad económica y construyendo nuevas esperanzas en torno a la legalidad, de acuerdo con el diario La Patria.

El desarrollo de este modelo responde a la estrategia establecida por el presidente Gustavo Petro desde 2022, quien priorizó la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por encima de la erradicación forzada. Gloria Miranda, directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, enfatiza que el plan no se limita a intercambiar cultivos, sino que pretende reestructurar completamente la economía local, integrando producción, comercialización y nuevas oportunidades de empleo para comunidades profundamente afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico, según La Patria. Este propósito, a su vez, busca separar a miles de campesinos y víctimas de la cadena del narcotráfico, promoviendo el empoderamiento de sectores históricamente marginados, en especial mujeres cabeza de familia que han sufrido violencia y amenazas.

La experiencia de Asoculsan, respaldada en lo comercial por Grupo Éxito, emerge así como un caso piloto capaz de extenderse a regiones como El Plateado, Cauca, un nodo crucial en rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. Voces comunitarias, como la de Gloria García, aspiran a que la participación en programas similares transforme sus propios territorios, dejando atrás riesgos asociados a la ilegalidad y sentando bases para alternativas sostenibles, acompañadas por actores del sector privado, como señala La Patria.

Estudios recientes, como el reporte 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), destacan que la sostenibilidad de la sustitución depende en buena medida de la existencia de mercados justos para los productos alternativos, para evitar la recaída en cultivos de coca por motivos económicos. A su vez, la colaboración con empresas privadas es vista como indispensable para asegurar el desarrollo continuado de estas comunidades marginadas.

Por otro lado, investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia (Sanabria, 2023) advierten que lograr una transformación territorial duradera requiere de mejoras integrales: infraestructura, educación y acceso a servicios, condiciones imprescindibles para que este proceso tenga efectos a largo plazo. El cambio cultural y la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral también se perfilan como elementos cruciales para no reproducir ciclos de ilegalidad en zonas rurales.

Comparado con operaciones similares en países vecinos como Perú y Bolivia, donde ha prevalecido la erradicación forzada, el enfoque colombiano de sustitución voluntaria y alianzas público-privadas representa una experiencia innovadora en la región. La vigencia de esta iniciativa, junto con la importancia de periodismo responsable y fuentes confiables, permite exponer la realidad más allá de los discursos superficiales, subrayando la apuesta de Naranjal por la paz, la dignidad y la reconstrucción social, tal como recomiendan expertos de la Fundación Gabo y LatAm Journalism Review.

¿Cómo beneficia la participación del sector privado a los procesos de sustitución de cultivos ilícitos?
El involucramiento de empresas como Grupo Éxito asegura un mercado estable y precios competitivos para los productos alternativos, lo cual resulta fundamental para la sostenibilidad de la economía legal en zonas que antes dependían de cultivos ilícitos. Según las fuentes consultadas, esta intervención evita que los campesinos deban volver a la ilegalidad por falta de compradores, fortaleciendo la estabilidad local.
Además, la presencia del sector privado estimula el desarrollo de infraestructura, genera empleo y atrae inversiones, ayudando a dinamizar la economía rural y cerrando la brecha histórica de desigualdad socioeconómica. Así, el respaldo empresarial constituye un pilar clave en la consolidación de alternativas productivas duraderas y en la construcción de confianza en la legalidad.

¿Qué retos enfrenta la sustitución voluntaria en regiones marcadas por el conflicto?
Uno de los principales desafíos está en la transformación estructural del territorio, que requiere inversiones en infraestructura, acceso a educación y servicios básicos, elementos necesarios para dar viabilidad y permanencia a proyectos alternativos. De acuerdo con las investigaciones citadas, sin este acompañamiento estatal integral, los avances pueden ser efímeros.
Otro reto crítico es la seguridad de los líderes sociales y campesinos, quienes muchas veces enfrentan amenazas por romper lazos con redes de narcotráfico. Superar el miedo, empoderar a la comunidad y ofrecer opciones reales para las generaciones jóvenes resultan condiciones esenciales para establecer una paz duradera y legítima en regiones históricamente afectadas.