Exministros de Cultura piden al gobierno no quitar beneficios a la industria del cine

“Desde el Ministerio de Cultura hemos procurado contribuir a la paz, al desarrollo humano y a la superación de brechas sociales presentes en el ejercicio de los derechos culturales constitucionalmente protegidos”, dice la carta que le enviaron diez exministros de Cultura al actual jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo.

“Así mismo, queremos seguir apoyando el trabajo de este sector y su profundización en el territorio, y en la equidad en el acceso a las oportunidades e incentivos que brinda”, se lee en el documento, fechado el 19 de agosto y radicado el 23 del mismo mes.

Los firmantes son diez de las doce cabezas que ha tenido la cartera de Cultura desde su inicio, en 1997: Ramiro Osorio, Paula Moreno, Alberto Casas Santamaría, Mariana Garcés, Araceli Morales, Carmen Vásquez, María Consuelo Araujo, Felipe Buitrago, Elvira Cuervo de Jaramillo y Angélica Mayolo.

Su preocupación recae en la reforma tributaria, propuesta por el ministro de Hacienda, en la cual se derogarían la deducción tributaria para quienes aportan recursos a proyectos nacionales de cine (Artículo 16 de la ley 814 de 2003), el descuento fiscal para quienes traen al país recursos y contratan personal colombiano para la realización de producciones audiovisuales (Artículo 178, ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, ley 1556 de 2012), entre otros.

En particular, los exfuncionarios hacen énfasis en el mecanismo de deducción tributaria para quienes aporten a proyectos creativos, previsto en el artículo 180 de la ley 1955 de 2019, que en sus dos años de vigencia ha resultado “trascendental”.

De acuerdo con el documento, entre octubre 2020 y agosto de 2022, el mecanismo ha canalizado inversiones por un monto de más de 170,000 millones de pesos, con una generación proyectada de más de 4.000 empleos.

“Entendiendo la situación nacional, las prioridades del Gobierno y la necesidad de eliminar privilegios que no sean sanos con las finanzas públicas ni con la redistribución social de la riqueza, consideramos que suprimir algunos de los mecanismos de incentivo construidos para la cultura no aporta en este objetivo”, aseguraron los firmantes.