Salario mínimo a 2 millones en Colombia para 2026: ¿avance histórico o riesgo económico? Así reacciona el país

El reciente decreto presidencial que fija el salario mínimo en Colombia en 2 millones de pesos para 2026, correspondiente a un incremento del 23,78 %, marca un hito en la historia económica del país. Este anuncio, realizado por el presidente Gustavo Petro, ha suscitado una amplia gama de reacciones, tanto positivas como negativas, debido al profundo impacto que puede acarrear en la economía nacional y en el bienestar de la población trabajadora. El presidente defendió su decisión argumentando que un aumento de esta magnitud contribuirá a reducir el desempleo; sin embargo, persisten dudas sobre los efectos que podría tener sobre variables clave como la inflación, los precios de los alimentos, el costo de la vivienda—al estar los arriendos indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC)—, así como en servicios públicos y transporte.

Una de las principales preocupaciones señaladas por expertos como Diego Guevara, exministro de Hacienda, es el impacto fiscal de esta medida. Según Guevara, el ajuste salarial y el consecuente aumento en las pensiones que dependen del Tesoro General de la Nación podría generar un costo adicional de hasta 10 billones de pesos, ampliando el déficit total de financiación a cerca de 30 billones. Estas cifras fueron compartidas en entrevistas con medios reconocidos como La W y Caracol Radio. A pesar de diversas proyecciones, los verdaderos resultados de esta política solo se evidenciarán con el tiempo, mientras se debate la posibilidad de que el Consejo de Estado anule la decisión presidencial.

El contexto internacional ofrece antecedentes que ayudan a entender las dimensiones de este tipo de incrementos. Venezuela, país fronterizo geográficamente y a menudo citado como ejemplo negativo por su régimen autoritario y el deterioro económico, sufrió graves consecuencias tras un aumento salarial decretado en 2011 por Hugo Chávez del 30 %, considerado por muchos como un detonante de la crisis. Sin embargo, otros especialistas atribuyen la debacle al bloqueo económico estadounidense.

No obstante, el caso venezolano no es único. Alemania, por ejemplo, subió el salario mínimo en 2022 en un 22,2 %, pasando de 9,82 a 12 euros por hora. Un informe del Institute of Labor Economics (IZA) concluyó que la medida mejoró los salarios, pero redujo las horas trabajadas para los llamados minijobbers, es decir, quienes realizan trabajos de corta duración o a tiempo parcial.

En Turquía, el salario mínimo para 2026 alcanzó un aumento del 27 %, como respuesta a una inflación que supera el 31 %. Según Daily Sabah, el Gobierno advirtió sobe el riesgo de incrementos excesivos de precios como un efecto colateral. Croacia, por su parte, aumentó el salario mínimo en 2025 un 15,5 %, traduciéndose en un incremento del poder adquisitivo para los trabajadores, aunque un informe de Eurofound advierte que los gastos en vivienda siguen siendo desproporcionados para quienes ganan el mínimo: destinan más de un 34 % de sus ingresos a este rubro, mucho más que la media nacional.

Los ejemplos internacionales evidencian que aumentar el salario mínimo puede mejorar el poder de compra de los trabajadores, pero los riesgos inflacionarios y el impacto fiscal permanecen como retos que requieren monitoreo constante. El debate sobre los efectos y sostenibilidad de esta inédita alza en Colombia se mantiene abierto mientras la nación espera los primeros resultados concretos.

¿Qué significa que el salario esté indexado al IPC?

La indexación del salario al IPC, es decir, al Índice de Precios al Consumidor, implica que los ajustes salariales y determinados precios como el arriendo se actualizan en función del comportamiento de la inflación. Este mecanismo busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al alza general de los bienes y servicios. Sin embargo, también puede desencadenar una espiral inflacionaria si los aumentos salariales y de precios se retroalimentan constantemente.

En el actual contexto colombiano, esta indexación plantea interrogantes sobre la estabilidad del mercado y el impacto en el costo de la vida. Los expertos señalan la necesidad de analizar cuidadosamente estos vínculos, especialmente durante un periodo de reajuste tan significativo como el que está previsto para 2026. El seguimiento y control de estas variables será fundamental para evitar que el incremento del salario termine diluyéndose por el aumento sostenido en los precios.