¿Qué pasará con tu salario? Consejo de Estado suspende el aumento mínimo y deja en vilo a empleados y empresas

El Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, suspendió este viernes el Decreto 1469 de 2025. Este decreto establecía un incremento del 23 % en el salario mínimo legal vigente para 2026, fijando su valor base en $1.750.905 y alcanzando $2.000.000 al adicionarle el auxilio de transporte. La decisión del tribunal, anunciada a mediados de febrero y reportada por El Colombiano, genera incertidumbre en el ámbito laboral, especialmente en lo que respecta a los pagos de la seguridad social y las obligaciones empresariales frente a los empleados que ya habían percibido el nuevo salario.

Ante este fallo, tanto la Presidencia de la República como el Ministerio del Trabajo están en la obligación de emitir un nuevo decreto que determine un valor transitorio para el salario mínimo, medida que estará vigente mientras se estudia de fondo la legalidad del aumento originalmente previsto. La suspensión temporal deja a empleadores y trabajadores pendientes de nuevas directrices y plantea preguntas sobre el manejo de pagos ya efectuados bajo el incremento ahora suspendido.

Para arrojar claridad en medio de la confusión, la redacción de El Colombiano acudió a Juan Esteban Atehortúa Tuberquia, abogado laboral con más de una década de experiencia en temas de seguridad social y asesoría empresarial. Atehortúa enfatizó que, respecto a los aportes ya realizados a la seguridad social bajo el monto del salario mínimo incrementado, no procede ninguna devolución, ajuste, descuento al trabajador ni compensación. De acuerdo con la decisión judicial, el salario mínimo vigente se mantiene en $1.750.905 hasta que el Gobierno Nacional expida el nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días calendario.

Este escenario aplica para cotizaciones ya hechas, así como para quienes, como los prestadores de servicios, deben calcular sus aportes a salud y pensión. Según el jurista, en febrero se está pagado la seguridad social correspondiente a enero. Por tanto, los aportes deben hacerse sobre el salario mínimo de $1.750.905. Sin embargo, para los pagos de seguridad social de marzo —que corresponden a las obligaciones de febrero— habrá que esperar la expedición del salario mínimo transitorio ordenado por el Consejo de Estado. Sobre esa suma, y solo entonces, se determinarán las cotizaciones respectivas.

Por su parte, Eslegal S.A.S., firma de asesoría jurídica, remarcó en un comunicado a El Colombiano que la suspensión del aumento salarial no tendrá efectos retroactivos sobre los derechos y obligaciones ya calculados con el valor del salario mínimo de 2026. Igualmente, sostienen que dicha suspensión no afecta el pago de pensiones, multas ni la validez de contratos celebrados durante la vigencia temporal del decreto suspendido. Esto significa que, mientras se expida un decreto transitorio, las relaciones contractuales y obligaciones continúan bajo el amparo de las condiciones existentes hasta la fecha del fallo.

¿Qué efectos tiene la suspensión del aumento salarial en los contratos laborales vigentes? - Esta pregunta surge por la incertidumbre temporal que crea la suspensión del decreto y el inminente cambio de condiciones salariales. Muchos empleadores y trabajadores se preguntan si deben modificar inmediatamente los contratos, qué pasa con los pagos que ya se efectuaron conforme al aumento y cómo proceder una vez se oficialice el salario mínimo transitorio. La explicación de los expertos consultados señala que las obligaciones previamente cumplidas se mantienen firmes y que solo tras la expedición del nuevo decreto habrá cambios en las sumas a cotizar y a pagar por concepto de salario y prestaciones sociales.

¿Qué significa “salario mínimo legal vigente”? - El salario mínimo legal vigente es el menor monto que, por ley, un empleador está autorizado a pagar a un trabajador por su labor durante una jornada ordinaria en Colombia. Este monto se fija anualmente mediante decreto gubernamental y sirve como base para calcular aportes a la seguridad social, prestaciones y otros derechos laborales.